En la comparecencia de este lunes 10 de marzo, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se enfrenta a un aluvión de preguntas en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
El Partido Popular (PP) exigirá explicaciones sobre las posibles filtraciones ocurridas en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) durante diversas investigaciones, especialmente aquellas relacionadas con el sector de los hidrocarburos.
Al fondo de esta polémica, se encuentran complejas tramas empresariales y judiciales que apuntan a un posible uso de las investigaciones policiales como herramienta para beneficiar a determinadas empresas y perjudicar a otras, como el Grupo Hafesa y Gasogal Energía.
El Grupo Hafesa, un gigante en el punto de mira
El Grupo Hafesa, uno de los holdings empresariales más importantes de España en el sector de los productos petrolíferos, se ha convertido en un referente de las empresas vascas a nivel mundial. Su crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar de las trabas judiciales y administrativas, ha sido notable.
Sin embargo, la empresa enfrenta desde 2018 un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional que, lejos de detener su expansión, ha evidenciado posibles irregularidades procesales, entre las que destaca la limitación de acceso a las pruebas obtenidas durante la investigación.
El proceso judicial contra el Grupo Hafesa incluye intervenciones tendentes a obtener el cierre de la empresa y beneficiar claramente a empresas de la competencia.
Además, las graves restricciones impuestas a la defensa para acceder a la totalidad de las pruebas han suscitado denuncias de indefensión. Fuentes cercanas al caso señalan que sólo se ha permitido el acceso a una selección parcial de las grabaciones, sin un criterio claro, lo que podría vulnerar el derecho a la defensa efectiva y la transparencia procesal.
El holding denuncia que estas actuaciones judiciales parecen más una maniobra para frenar su expansión y beneficiar a sus competidores, entre los que destacan empresas vinculadas a Isidro Veciana y Antonio Rodríguez Estepa, empresarios con históricos vínculos con la UCO.
El precedente del caso Gasogal: el cierre de la distribuidora gallega
El caso Gasogal Energía es un ejemplo paradigmático de cómo una investigación judicial prolongada y finalmente archivada puede destruir a una empresa. Gasogal, en su momento la mayor distribuidora de hidrocarburos al por menor de Galicia, con más de 8.000 clientes, cerró sus puertas tras una larga batalla legal.
El archivo de las actuaciones judiciales sin una motivación clara ha dejado en el aire una pregunta incómoda: ¿se utilizó a la UCO para favorecer a ciertos empresarios y llevar a la quiebra a Gasogal?
¿Justicia selectiva? El patrón de sobreseimientos sin explicación
El auto de sobreseimiento dictado el 19 de enero de 2018 por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, firmado por el magistrado Manuel García Castellón, refleja una tendencia preocupante.
En el documento, al que ha tenido acceso ESTRELLA DIGITAL, se archivan las actuaciones respecto a David Marjaliza Villaseñor, investigado por blanqueo de capitales, sin que se aporten pruebas concluyentes sobre su participación en los delitos imputados.
Este no es un caso aislado. Varios empresarios y compañías con vínculos cercanos a los investigadores de la UCO han logrado sobreseimientos similares. En contraste, empresas como el Grupo Hafesa y Gasogal han sufrido el peso de la ley con consecuencias devastadoras para sus negocios. Estas decisiones judiciales ponen en tela de juicio la imparcialidad de algunas investigaciones y abren la puerta a la sospecha de que la UCO podría haberse utilizado como un arma para eliminar a la competencia.
La sombra de Antonio Rodríguez Estepa y las tramas del IVA
Antonio Rodríguez Estepa, conocido en el sector como un empresario con influencia en Hacienda y en los círculos judiciales, aparece en múltiples operaciones controvertidas. Su empresa, Gold Petroleum SL, estuvo implicada en operaciones que llevaron al cierre de Gasogal, y su nombre resuena en otras investigaciones del sector de hidrocarburos. Según fuentes abiertas, Rodríguez Estepa maneja un entramado de sociedades que ha sorteado investigaciones y procesos judiciales sin consecuencias.
Un caso relevante es el juicio contra los responsables de Petromiralles por un fraude de 147 millones de euros en IVA. Aunque no existe una vinculación directa con Rodríguez Estepa, el patrón de actuación recuerda al modus operandi de otras tramas en las que el empresario ha participado, utilizando la UCO para abrir investigaciones que posteriormente se archivan sin explicación aparente.
Nombres y operaciones bajo la lupa
Según una investigación publicada por Diario Red, los agentes de la UCO implicados en posibles irregularidades en las investigaciones del sector de hidrocarburos incluyen a Manuel González y Javier Martínez. Estarían relacionados con actuaciones que, bajo la apariencia de investigaciones legítimas, podrían haber tenido como objetivo beneficiar a ciertas empresas afines.
La denuncia de Diario Red detalla cómo estos agentes habrían manipulado pruebas y dirigido investigaciones contra empresas específicas, como el Grupo Hafesa y Gasogal, para facilitar la eliminación de su competencia en favor de compañías vinculadas a empresarios con conexiones políticas.
Además, se señala que las investigaciones prospectivas de la UCO se habrían centrado en favorecer a empresarios como Isidro Veciana y Antonio Rodríguez Estepa, cuyos nombres aparecen en diversas tramas de fraude fiscal y competencia desleal en el sector de los hidrocarburos.
La UCO, entre la espada y la pared
La comparecencia de Mercedes González podría arrojar luz sobre las filtraciones en la UCO y sobre el uso de esta unidad de élite en operaciones judiciales que, según denuncian algunas empresas, han sido selectivas y, en ocasiones, injustificadas. La falta de transparencia en las actuaciones y la repetición de sobreseimientos en casos sensibles sugieren que podría existir una red de intereses cruzados que utiliza las investigaciones policiales para influir en el mercado de los hidrocarburos.
El Grupo Hafesa, a pesar del daño sufrido, ha logrado mantenerse a flote y continuar con su expansión internacional. Sin embargo, el precedente de Gasogal es una advertencia para el sector empresarial: la delgada línea entre la justicia y el uso indebido de las instituciones para favorecer a determinados actores económicos puede tener consecuencias devastadoras.
Las explicaciones que brinde la directora de la Guardia Civil serán clave para despejar las dudas o para avivarlas aún más en un momento en el que la confianza en las instituciones es más necesaria que nunca.