Un tribunal de Bhopal (centro de la India) declaró este lunes culpables a los ocho acusados por el escape tóxico de 1984 de la planta de la compañía Unión Carbide en esa ciudad, considerada por muchos la peor catástrofe industrial de la historia. El juez Mohan P. Tiwari les condenó por «causar muertes con negligencia» y «homicidio culpable sin grado de asesinato, aunque las cuantías de las penas -un máximo de dos años, según distintos medios- se conocerán posteriormente.
Las asociaciones de víctimas, que ya han anunciado que recurrirán la decisión judicial, han calificado la sentencia de «timo». Entre los condenados están el máximo responsable en aquel momento de la filial india de la compañía, Keshub Mahindra, que tiene ya 85 años, y otros altos cargos de entonces, todos de nacionalidad india.
Se desconoce por el momento si la sentencia afecta al estadounidense Warren Anderson, ex presidente de Unión Carbide, que se encuentra prófugo de la justicia india y que no compareció a las vistas del caso, iniciado hace 23 años. A las 00.05 del 3 de diciembre de 1984, unas cuarenta toneladas de metisocianato provenientes de la planta de pesticidas en la ciudad de Unión Carbide llenaron el aire de los barrios cercanos con efectos devastadores.
Unas 3.000 personas murieron de inmediato, según el Tribunal Supremo de la India, y desde entonces, de acuerdo con varias organizaciones médicas, unas 25.000 personas han fallecido, víctimas de las secuelas del escape o la posterior polución en la zona. Las autoridades de Bhopal habían prohibido para este lunes las reuniones de más de cuatro personas en un radio de un kilómetro alrededor del tribunal, en previsión de incidentes, después de que varias víctimas pidieran el domingo la pena de muerte para los acusados.
Las asociaciones de víctimas calificaron este lunes la decisión del juez como una «injusticia total» y «un timo» y anunciaron que apelarán la sentencia a cortes superiores, en busca de mayores penas. «Lo máximo que pueden conseguir son dos años de cárcel y 5000 rupias de multa (unos 105 dólares) para la libertad bajo fianza. Ha sido una bofetada para todos y una decisión vergonzosa, dijo por teléfono la activista Rashida Bee, de la asociación Chingari.
El tribunal ha examinado durante las más de dos décadas de juicio los testimonios de 178 testigos de la acusación y ocho de la defensa, y ha elaborado un total de 3.008 documentos.