El jurista español Carlos Castresana renunció este martes como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), mientras diversos sectores exigieron al presidente, Álvaro Colom, que demuestre su compromiso contra la impunidad y destituya al fiscal general, Conrado Reyes.
Apenas horas después de que Castresana hiciera pública su decisión de abandonar la Cicig por el «incumplimiento» del Estado guatemalteco de su compromiso de combatir la impunidad, la Convergencia de Derechos Humanos de Guatemala, que aglutina a decenas de organizaciones humanitarias, manifestó su «solidaridad y apoyo» a Castresana.
«Hacemos nuestras las exigencias del doctor Castrasana respecto a la necesidad de la renuncia del recién nombrado fiscal (Conrado Reyes) por la gravedad de los hechos que su llegada a la Fiscalía ha implicado, dijo a periodistas la Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú. Junto a una decena de líderes sociales, Menchú se entrevistó esta tarde en la Casa Presidencial con Colom para pedirle «que demuestre con hechos» su compromiso de apoyar el trabajo de la Cicig, y que exija «de inmediato» la renuncia del fiscal general.
Vinculación con el narcotráfico
Según Castresana, Reyes, quien fue elegido por Colom como fiscal general hace apenas un par de semanas, «no es la persona que Guatemala se merece» porque, dijo, representa intereses de grupos vinculados a «estructuras paralelas» del crimen organizado. Reyes, aseguró el jurista español, posee un «historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas, y en sus primeros días al frente de la Fiscalía se ha dedicado a debilitar el trabajo de la Cicig, y ordenar escuchas telefónicas ilegales.
Desde su llegada a la Fiscalía, agregó, «ha dado entrada a personas y estructuras que había sido posible erradicar y desmanteló el equipo de profsionales que en 2009 dio la esperanza de un cambio en el Ministerio Público». Para responder a esos señalamientos, Reyes convocó una conferencia de prensa en la que aseguró que las acusaciones en su contra «son falsas y sin fundamento, y calificó de «irresponsables» las declaraciones de Castresana.
«En lo profesional y en mi vida privada nunca he tenido ni tengo ningún vínculo con ninguna de las personas o sectores que manifestó el señor Castresana, aseguró Reyes. Si el ex jefe de la Cicig tiene evidencias que sustenten esos señalamientos, agregó «lo emplazo a que las presente por medio de los canales que la ley establece». Según la Presidencia, Colom se reunirá en las próximas horas con Castresana para conocer con detalle los motivos de su renuncia, así como los fundamentos en los que sustenta la petición para exigir que le sea solicitada la dimisión a Reyes.
Por su parte, la activista humanitaria Helen Mack, quien dirige una comisión presidencial para reformar la Policía Nacional Civil (PNC), una de las instituciones más corruptas del Estado y vinculadas por la Cicig con la impunidad que impera en este país centroamericano, coincidió en la protesta de Castresana sobre la falta de compromiso y «voluntad política» del Estado para hacer frente a ese flagelo.
Es «una realidad» que en los casi 34 meses que la Cicig tiene de funcionar en el país no «ha habido el apoyo que se necesita» para investigar y desarticular a las mafias del crimen organizado que han penetrado en las instituciones del Estado para procurar impunidad, señaló Mack. De las decisiones que tome Colom, agregó, dependerá el futuro de la Cicig en el país, y los resultados de la lucha contra la impunidad. El portavoz de la ONU Martin Nesirky pidió este martes en Nueva York, en nombre del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, un mayor compromiso del Estado guatemalteco en la lucha contra el crimen organizado.
Recordó que el éxito de esta «iniciativa sin precedentes» requiere que «el compromiso de la comunidad internacional se vea acompañado por otro similar por parte de las autoridades nacionales». «El secretario general expresa su esperanza de que las importantes recomendaciones de la Cicig sean puestas en práctica pronto y que el Gobierno garantice que se nombrarán a candidatos calificados para posiciones clave en el sistema judicial, indicó el portavoz. Al igual que Menchú, la ONU también pidió a Colom demostrar con «hechos concretos» su compromiso contra la impunidad.