El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, aseguró este miércoles que le dan ganas de volver a sus negocios como empresario o directamente jubilarse al considerar que la actual Constitución no le permite ejercer su cargo. «A veces pienso: ¿Quién me obliga a hacer esto?. Mejor vuelvo a hacer lo que hacía antes o me jubilo, dijo Berlusconi en su intervención durante la asamblea de la Confederación General de Comercio italiana (Confcommercio).
Según el primer ministro, el problema es que el jefe de Gobierno italiano no tiene el mismo poder que sus colegas europeos y esto es culpa de la «arquitectura institucional» de su país. Por ello, Berlusconi volvió a insistir en que «hay que reformar la Constitución» para hacerla más adecuada a las exigencias de un Estado moderno.
En la redacción de la Constitución (1948) «se temía que se volviese la dictadura y por tanto han repartido el poder entre los varios órganos: Parlamento, jefe del Estado, Tribunal Constitucional, y quitado todo el poder al Consejo de Ministro y al jefe de Gobierno, consideró. El primer ministro reiteró su deseo de revisar el artículo 41 de la Constitución con el objetivo de facilitar la apertura de una actividad comercial eliminando la burocracia.
El artículo 41 de la Carta Magna italiana afirma que la iniciativa económica privada es libre, pero que «no podrá, sin embargo, desenvolverse en oposición al interés social o de tal modo que inflija un perjuicio a la seguridad, a la libertad y a la dignidad humana». «La ley determinará los programas y controles oportunos para que la actividad económica pública y privada pueda encaminarse y coordinarse con fines sociales, reza el artículo.
Por otro lado, Berlusconi volvió a defender la polémica ley que limita la autorización de las escuchas en las investigaciones y castiga con penas de cárcel y multas a quienes las publiquen o divulguen. «Esta no es una democracia verdadera. No existe la tutela de la palabra, dijo el jefe de Gobierno y aseguró que cerca de 7,5 millones de italianos «han sido espiados».
El primer ministro denunció que en su opinión es un «lobby» de magistrados y periodistas quienes se oponen al proyecto de ley sobre las escuchas, que en las próximas semanas pasará a la Cámara de los Diputados para su aprobación.