La jueza federal Susan Bolton ordenó el bloqueo de las partes más polémicas de la ley de inmigración de Arizona, que convierte en delito ser inmigrante ilegal y que entra en vigor este jueves.
La decisión de la jueza representa una gran victoria para los críticos de la ley, que tiene pendientes siete demandas en contra, entre ellas una del propio Gobierno de EEUU.
Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.
En la orden de la jueza Bolton se indica que «hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley».
«Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga ‘extraordinaria, inusual y característica’ a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer», añade el dictamen de la jueza.
La ley entrará en vigor mañana, como está previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos. La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, fue promulgada por la gobernadora Jay Brewer el pasado abril.
Sus críticos alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana. Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EEUU se considera que residen doce millones de indocumentados.
Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070.
Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes cifraba en el 60 por ciento el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley.
El Departamento de Justicia había apelado por estimar que los estados no pueden usurpar la potestad federal de dictar la política migratoria.