El presidente francés, Nicolas Sarkozy, confirmó sus planes de retirar la nacionalidad a franceses de origen extranjero que atenten contra policías y gendarmes, y la reforma legal que permita expulsar a los extranjeros en situación irregular.
El Elíseo detalló en un comunicado que se podrá retirar la nacionalidad, a partir de los diez años desde que la hayan adquirido, a aquellos ciudadanos de origen no francés que hubieran atentado contra la vida de policías y gendarmes.
De este modo Sarkozy confirmó su anuncio del pasado 30 de julio, cuando adelantó su «voluntad inflexible» de retirar la nacionalidad «bajo ciertas condiciones» a quienes atenten contra una autoridad pública, una medida muy polémica desde que se conoció la intención presidencial.
Sarkozy precisó que, después de una reunión mantenida con el primer ministro, François Fillon, y los ministros de su Gobierno con competencias en materia de seguridad e inmigración, confirmaba esa voluntad de «poner en marcha el conjunto de las decisiones» que anunció hace poco más de un mes.
En el texto publicado tras la reunión se precisa que los asesinos de policías y gendarmes recibirán castigos de 30 años de prisión a las que no podrán aplicarse reducciones de condena y se añade que se fijarán penas mínimas para los autores de delitos violentos en circunstancias agravadas.
El comunicado presidencial precisa que habrá una reforma de la ley de inmigración «para facilitar conducir hasta la frontera a extranjeros en situación irregular, incluidos, en circunstancias particulares, a ciudadanos de la Unión Europea».
En los casos de ciudadanos comunitarios, el palacio presidencial justifica la reforma de la ley para cuando planteen una «amenaza para el orden público, en ausencia duradera de medios de subsistencia o de abuso del derecho de libre circulación».
Sin embargo, el Elíseo indicó que, para los casos de poligamia, únicamente se prevé de momento la aplicación de un refuerzo de las «sanciones por fraude a las prestaciones sociales,
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, había manifestado que pretendía que la retirada de la nacionalidad también pudiera aplicarse por el delito conjunto de poligamia de hecho, robo y abuso de debilidad.
Las otras cuestiones precisadas en París incluyen la ampliación de las medidas de vigilancia por medio de una pulsera electrónica para los multireincidentes que hayan sido condenados de nuevo después de cumplir una pena.
Además, se anuncia el propósito de mejorar la eficacia de la acción de la Justicia en relación con delitos cometidos por menores, a los que se podría llegar a conducir directamente ante un tribunal específico en caso de reincidencia.
Por último, se prevé aprobar un refuerzo de los poderes de los gobernadores civiles (prefectos) con el fin de que pongan fin a la ocupación ilegal de propiedades públicas o privadas y puedan también ordenar la evacuación de campamentos ilegales.
Todas estas medidas que precisó el presidente francés seguirán un trámite parlamentario inmediato -desde mañana mismo está previsto el debate en el Senado de las que afectan a seguridad interior y a finales de septiembre las que tocan a la nacionalidad- con el fin de que entren en vigor «antes de final de 2010».
El Elíseo aseguró en su nota que los planes precisados han sido elaborados en el respeto escrupuloso de los principios republicanos, de la jurisprudencia del Consejo Constitucional y del derecho europeo.
El anuncio se conoce después de un fin de semana en el que miles de franceses se manifestaron en varias ciudades del país para protestar por los planes del Gobierno y, en concreto, por las expulsiones de gitanos, principalmente de origen rumano, practicadas durante las últimas semanas.