El Gobierno iraní aumentó este martes la confusión en torno al destino de Sakineh Mohamamdi Ashtianí, la mujer acusada de adulterio y de complicidad en el asesinato de su marido, y cuyo caso parece poner de manifiesto las discrepancias que existen en el seno del régimen.
Apenas 24 horas después de que la fiscalía anunciase que sería ahorcada ya que había sido condenada por asesinato, y que este delito predomina sobre el de adulterio, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ramín Mehmanparast, negó que la sentencia sea firme y el proceso haya concluido.
Ante más de una decena de periodistas, el responsable confirmó, no obstante, que el tribunal ya ha probado que la mujer participó en el asesinato de su esposo, lo que probablemente podría llevarla a la horca.
«Los dos casos siguen bajo revisión y el veredicto se pronunciará cuando concluya la investigación, afirmó Mehmanparast.
«Ya se ha probado que participó en el asesinato de su marido pero la sentencia definitiva será anunciada al final del proceso judicial, agregó el funcionario en respuesta a una pregunta formulada por Efe.
Sin embargo, horas antes el fiscal general del Estado y portavoz del Poder Judicial, Gholam Husein Mohseni Ejeí, había dado a entender que la sentencia ya había sido dictada y que la soga sustituiría a las piedras.
«De acuerdo con la decisión del tribunal, ha sido acusada de asesinato y la pena por este delito tiene preeminencia sobre el otro de adulterio, dijo Ejeí, en declaraciones divulgadas por la agencia de noticias local Mehr.
Una importante diferencia de matiz que los expertos atribuyen a deficiencias de coordinación en la esfera del poder y al pulso que el Gobierno presidido por Mahmud Ahmadineyad mantiene con el resto de poderes.
Semanas atrás, el mandatario minusvaloró el papel del Parlamento al sugerir que, tras el líder supremo, ayatolá Alí Jameneí, es el Gobierno el que debe arrogarse un poder mayor y abrió con ello un delicado debate que afecta a los cimientos del sistema.
Ahmadineyad ha visto como la Cámara frenaba algunas de sus iniciativas claves -como la reforma del sistema de subsidios a la gasolina, el alimento y la energía- o como el Poder Judicial intervenía en asuntos como la liberación de la norteamericana Sarah Shourd.
Shourd fue liberada bajo fianza de medio millón de dólares pese a que el Poder Judicial insistía en que era culpable de entrada ilegal en el país y espionaje.
Es en este marco donde los expertos sitúan la confusión en torno al caso de Ashtianí, de 43 años, detenida y acusada en principio de adulterio.
Su caso salió a la luz meses atrás, después de que su abogado, Mohamad Mostafeí, anunciara que había sido juzgada por adulterio y emprendiera una campaña para evitar que fuera lapidada.
La noticia despertó un clamor mundial, con protestas en diversas partes del planeta que agudizaron la mala imagen exterior del régimen iraní, enfrentado a la comunidad internacional por su programa nuclear.
Frente a esta tesitura, Irán anunció que la condena había sido suspendida y que el proceso seguía abierto para investigar todos los detalles.
En medio de las protestas internacionales, una mujer, a la que la televisión estatal identificó como la propia Ashtianí, confesó en la pequeña pantalla haber mantenido una relación fuera del matrimonio con un hombre y haber participado en la muerte de su marido.
La supuesta condenada criticó, asimismo, la campaña emprendida por su abogado.
El Gobierno iraní, por su parte, acusó al letrado de haber aprovechado la situación en su propio beneficio para poder pedir asilo político en Noruega, donde se encuentra actualmente con su familia.
Mientras que a la comunidad internacional la acusaba de emprender una campaña de propaganda contra la República Islámica.
En este clima de confusión, Ahmadineyad, dio el penúltimo paso la semana pasada al señalar que no existía aún la condena a muerte y que se trataba, igualmente, de propaganda, tesis que ha vuelto a repetir este martes el portavoz de exteriores.
En una rueda de prensa anterior a su participación en la Asamblea General de la ONU comparó, asimismo, el caso de Ashtianí con el de Teresa Lewis, la mujer que el pasado jueves fue ejecutada en Estados Unidos por un delito similar.
Anoche, el fiscal general advirtió, no obstante, que el caso no debe ser politizado y que «el Poder Judicial no se puede dejar influir por la campaña de propaganda emprendida en Occidente».