Cada vez más estadounidenses piensan que la pena de muerte es «inmoral», según una encuesta nacional que revela que un 61 por ciento de los votantes del país están a favor de reemplazar esa condena por otras, como la cadena perpetua.
La encuesta, publicada este martes por la organización Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM) y realizada en mayo a 1.500 votantes registrados de todo el país, señala que sólo un 33 por ciento de ellos seguía respaldando la ejecución a los acusados de asesinato si los encuestadores les ofrecían alternativas.
Entre el 61 por ciento de votantes que escogían reemplazarla por otra condena, un 39 por ciento eligió la cadena perpetua con compensación a la familia de la víctima, otro 13 por ciento optó por la cadena perpetua y un 9 por ciento prefirió la condena de por vida con posibilidad de libertad condicional.
«Estos resultados muestran que el pueblo estadounidense está preparado para comenzar un debate serio sobre la pena de muerte», dijo en una conferencia telefónica el director ejecutivo del CIPM, Richard Dieter.
El representante de la organización independiente, que mantiene desde 1990 una amplia base de datos sobre las ejecuciones en Estados Unidos, aseguró que han pasado «los días en los que los políticos podían equiparar la mano dura contra el crimen con la aplicación de la pena de muerte».
En los 35 estados en los que la pena de muerte es legal, un 38 por ciento de los encuestados indicaron que no cambiarían su voto si su representante en el Congreso se pronunciara en contra de esa condena, y un 24 por ciento dijo que estaría, incluso, más inclinado a votar por él.
El enorme coste que supone la pena capital es, según la encuesta, uno de los argumentos que más convence a los votantes, que lo esgrimen en un 68 por ciento de los casos.
En total, un 65 por ciento de los encuestados concluyeron que reemplazarían la pena de muerte por la cadena perpetua si el dinero ahorrado se invirtiera en programas de prevención del crimen.
Pero también ha aumentado el número de votantes que reconocen que el sistema de la pena capital implica el riesgo de ejecutar a personas inocentes -un 71 por ciento de ellos- y de aquellos que lo consideran «inmoral» o «injusto» -un 69 por ciento.
Los casos en los que el condenado a muerte recibe esa sentencia porque no puede permitirse un buen abogado, o porque vive en un condado muy propenso a aplicar la pena de muerte, son los que más sensibilizan a los votantes.
Otro argumento que convenció a un 69 por ciento de los encuestados fue el de la interrupción del proceso de duelo de las familias de la víctima, que deben enfrentarse a innumerables audiencias judiciales y se ven obligadas a revivir su dolor.
Para una de las encuestadoras, Celinda Lake, los debates futuros sobre la pena de muerte se centrarán precisamente en cómo compensar a la familia de las víctimas y en cómo minimizar el coste de las penas.
«Lo ideal sería llegar a una actitud firme sobre la pena de muerte sin que sea necesario recurrir a los argumentos sobre sentimientos, que hacen que sea más fácil manipular a la gente», dijo Lake en la conferencia.
Sin embargo, para los católicos y los hispanos, la moralidad sigue siendo uno de los factores principales que les hace oponerse a la pena capital.
Lake también ve señales de esperanza en el hecho de que más de un 70 por ciento de los dos grupos de votantes que más están creciendo en Estados Unidos -los latinos y los menores de 30 años- rechazaran la idea de la condena a muerte.
La encuesta del CIPM contrasta con el último sondeo elaborado por Gallup sobre el asunto, en 2006, que indicó que ese año el 65 por ciento de los estadounidenses respaldaba esta sentencia.
La pena de muerte se restableció en Estados Unidos en 1976 tras una moratoria de 10 años, y desde entonces se han ejecutado 1.233 personas en los estados que escogían libremente aplicarla, entre los que el más activo es Texas.
Aunque esas sentencias se han reducido casi un 50 por ciento en los últimos diez años, los corredores de la muerte de todo el país siguen acogiendo a 3.216 presos, y en ellos se ha ejecutado, en lo que va de 2010, a 45 personas.