La reforma del Tratado de Lisboa para incluir un mecanismo permanente de rescate para los países de la zona euro será sometida a ratificación parlamentaria en los Estados miembros, pero no a referendos, según ha subrayado hoy el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.
En la Comisión parlamentaria encargada de los asuntos comunitarios, López Garrido ha explicado que el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, enviará este fin de semana a todos los socios comunitarios una propuesta concreta para que los jefes de Estado y de Gobierno puedan debatirla en la cumbre que se celebrará en Bruselas el 16 y el 17 de diciembre.
Según ha apuntado, la reforma supondrá incluir un nuevo apartado en el artículo 136 del Tratado, que regula la coordinación económica de la zona euro, y se realizará por el procedimiento de «revisión simplificada», lo que no exigirá convocar una convención, pero sí que el nuevo texto sea ratificado por los parlamentos nacionales.
A pesar de las trabas que tuvo que superar Lisboa antes de entrar en vigor, López Garrido se ha mostrado optimista porque hasta países como el Reino Unido, donde pueden darse especiales dificultades, se han comprometido a «poner todo de su parte» para que el proceso se realice «lo más rápido posible».
El objetivo es finalizar los trabajos en el seno de la UE en marzo y que la reforma esté en vigor el 31 de diciembre de 2013, cuando expira el actual mecanismo de ayuda financiera.
López Garrido ha recordado que el Gobierno siempre ha apostado por una reforma «lo más limitada posible» y que no implique nuevas transferencias de competencias a la UE para evitar problemas en la ratificación.
A pesar de sus recelos iniciales, España ha aceptado la participación del sector privado en la reestructuración de la deuda de los países que necesiten ser rescatados, al considerar que la propuesta de Alemania ha quedado «muy acotada».
Según el secretario de Estado, se hará un análisis caso por caso en cada país, sin automatismos, y se tendrá en cuenta que las deudas soberanas tienen características diferentes a las deudas privadas.
El papel del sector privado, según ha explicado, podría ser incluido finalmente en un acuerdo político de desarrollo de la reforma jurídica del Tratado.
Al margen de este punto, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE volverán a analizar la próxima semana en Bruselas la puesta en marcha del servicio de acción exterior.
En este contexto, López Garrido ha apostado por «eliminar duplicidades» en las relaciones de la UE con sus socios estratégicos.
La portavoz del PP, Soledad Becerril, ha aprovechado su comparecencia para pedir que la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que se reunirá con sus colegas europeos el lunes, insista en la necesidad de hacer un seguimiento permanente del reparto de la ayuda destinada a paliar el daño causado por el terremoto en Haití.