John DALLI, comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, consideró «fundamental» que las autoridades nacionales no se precipiten a la hora de «comunicar conclusiones sobre el origen de la epidemia», puesto que «genera miedo» en toda Europa y perjudica a los productores. «Mientras se investigue de forma intensiva tenemos que ir con cuidado con las conclusiones. Me remito a las informaciones de Alemania», subrayó, en relación a las hipótesis que apuntaron primero a los pepinos españoles y después a una plantación de brotes de soja.
Además, el comisario pidió reforzar la investigación y los controles para poner coto a la epidemia y pidió a los Estados Miembros que se mantengan en contacto con los órganos europeos y comuniquen en caso de alerta. Insistió en que «no se trata de un problema local sino europeo», pero subrayó que el brote está limitado geográficamente a la zona circundante de Hamburgo, por lo que «cualquier tipo de prohibición constituye una medida desproporcionada».
Grupos políticos
Peter LIESE (Alemania, PPE) consideró que «ha habido problemas en la gestión de la crisis» pero que «si hay una información debe ser publicada». La titular de Sanidad de Hamburgo «informó a la opinión pública y me parece correcto, a pesar de que no hubo certidumbre al 100%, pero es verdad que pasó bastante tiempo hasta informar de nuevo y eso hay que subsanarlo». Según el parlamentario, «hay que centrarse en que el enemigo no está ni en España ni en Alemania y que el problema es un agente patógeno». Por ello animó a abordar resistencia de éste a los antibióticos para poder combatir futuros brotes.
Linda MCAVAN (Reino Unido, S&D) consideró que «hay que investigar a largo plazo y sacar lecciones pertinentes», así como establecer un «tipo de etiquetado» que permita identificar la fuente del problema. «Se habla de un exceso de reglamentación. Me pregunto si el mercado tiene más importancia que el consumidor final. El consumidor no puede ir al supermercado comprar una ensalada y fallecer a los pocos días, necesitamos justicia», concluyó.
Corine LEPAGE (Francia, ALDE), exigió actuar según «el principio de precaución» e insistió en que la prioridad son los seres humanos antes que las consecuencias económicas». Subrayó que es «fundamental» que el etiquetado de los alimentos «sea completo» y que «la trazabilidad permita conocer los productos». «La cuestión de fondo es admitir que no lo sabemos todo, que hay lagunas científicas y a veces se nos escapan cosas», concluyó.
Según James NICHOLSON (Reino Unido, ECR), la situación «ha puesto de manifiesto que no nos podemos precipitar con nuestras conclusiones». «Comprendo la ira de los cultivadores españoles. Lógicamente a ellos les podemos compensar, pero no podemos recuperar las vidas que hemos perdidos», aseguró. Por ello, instó a «identificar una solución cuanto antes para resolver la situación actual» y «optimizar los instrumentos de respuesta para que no vuelvan a reproducirse estas circunstancias».
Rebecca HARMS (Alemania, Verts/ALE) afirmó que esta «lamentable» situación «ha puesto de manifiesto que ni Alemania ni la UE están preparados para un brote de estas dimensiones». La diputada destacó que existe «un problema de comunicación entre laboratorios y políticos», que provoca «un desfase entre actuación científica y decisión política», por lo que consideró necesario «definir una autoridad centralizada a nivel europeo que pueda tomar las decisiones oportunas».
Sabine WILS (Alemania, GUE/NGL) advirtió de los «problemas sistémicos de la producción masiva de alimentos en un sistema liberalizado» y, por ello, consideró que «la trazabilidad del origen de los alimentos es imprescindible para la seguridad alimentaria». «El consumidor tiene todo el derecho a saber de donde proceden sus alimentos», destacó. Además, la diputada consideró que Alemania «ha fracasado en la gestión de la crisis». «Ha habido un barullo entre los Lander y Berlín, las autoridades de vigilancia se han visto superadas».
Francisco SOSA VAGNER (NI), exigió «indemnizaciones» para los perjudicados. «Soy nieto de alemán y tengo gran cariño por ese país, pero es evidente que sus autoridades han actuado con precipitación e imprudencia», afirmó, y calificó la actuación de la Comisión como «desvaída, apagada e imprecisa». «No ha sabido ni coordinar ni dirigir», dijo. Con un pepino en la mano, reivindicó «el honor perdido de los productores de pepinos» y propuso «organizar una muestra de gastronomía europea basada en el pepino».
Diputados españoles
Esther HERRANZ (PPE) instó a la CE a proponer, con motivo de la reunión hoy en Luxemburgo de los Ministros de Agricultura, «que se destinen los 2.500 millones de euros a los daños ocasionados», con «una percha legal que ya se ha encontrado en otros casos como el de las vacas locas». Además, propuso «sufragar fondos propios con campañas de sensibilización» para subsanar esos daños al sector. Calificó la crisis como una «prueba fehaciente de que la UE tiene que mejorar y mucho su coordinación interna», por su «lentitud, inoperancia e ineficacia».
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D) instó a la Comisión a que active «todos los mecanismos para indemnizar al sector hortofrutícola español, tanto en términos económicos como de imagen al consumidor». En su intervención, una de las aplaudidas en el hemiciclo, la diputada criticó «las acusaciones infundadas, la improvisación, la descoordinación y el ataque al honor» sufrido por el sector, y se preguntó si esto «no es suficiente para exigir responsabilidades».
Pilar AYUSO (PPE) instó a la trazabilidad de los productos y a «evitar que la protección de la salud esconda barreras comerciales». Consideró esencial «activar procedimientos compensatorios» para el sector, así como «revisar el actual marco jurídico para definir los procedimientos de gestión de la crisis». «La causa no son los pepinos, ni la soja, es el agente patógeno, que ya está descrito en toda la biografía científica», afirmó. «Hay que dejar trabajar a los científicos, que investiguen la trazabilidad en toda la cadena alimentaria, también la distribución y la manipulación de los alimentos», concluyó.
Andrés RODRÍGUEZ PERELLÓ, criticó «la negligencia» en las decisiones de las autoridades alemanas. «Si Angela Merkel hubiera utilizado su soberbia para gestionar la crisis y coordinarse no habrían sucedido algunas cosas». Por ello, pidió indemnizaciones e instó «a que se exija responsabilidad a Angela Merkel». Recalcó que la canciller «no puede refugiarse bajo un estado descentralizado y federal». Instó al Consejo y a la Comisión a que revise los controles y los sistemas de alerta».
Josefa ANDRÉS BAREA (S&D) pidió indemnizaciones para los productores de pepinos afectados «por unas palabras que pueden amenazar a 300.000 empleos».»Se han buscado culpables y no la causa», aseguró. «Apelando a un principio de precaución sin base científica se ha acusado a España», criticó, y pidió «responsabilidad por lo que no se ha hecho» y por lo que debe hacerse «de inmediato».
En esta línea, Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL (PPE) pidió indemnizaciones para los productores españoles que miran con indignación y esperanza». «Es mi responsabilidad denunciar a las autoridades alemanas que acusaron a los productores españoles, concretamente en Málaga y Almería, que no se recuperarán de esta crisis», añadió.
Antonio MASIP HIDALGO (S&D) aseguró que «Alemania tiene un gran problema de credibilidad. «Todavía no ha dimitido nadie, es intolerable el trato de la señora Merkel con los países del sur y carece de crédito moral», afirmó. Según Gabriel MATO ADROVER la Comisión «tiene que actuar con contundencia, resarcir a los perjudicados sin demora y restituir a la marca España su condición asociada».
Otras alusiones a España:
Frédérique RIES (Bélgica, ALDE) se preguntó «cómo se pudo acusar al pepino español» sin tener los datos pertinentes y consideró que «los sistemas de alerta sanitaria deben basarse en pruebas científicas.
Elisabetta GARDINI (Italia, PPE), criticó que se estén «identificando culpables que no son tales, creando más víctimas».
Respuesta del comisario Dalli. En respuesta a las intervenciones de los diputados, la Comisión afirmó que el objetivo principal es «que cada vez menos gente sea ingresada en el hospital» por lo que hay que identificar la causa. «Hay que ser prudentes y mantener la calma, porque es muy fácil acusar y hacer declaraciones a toro pasado, es mucho más difícil reaccionar frente a la crisis», argumentó John DALLI.
«Hay que ser muy comedidos en lo que digamos y justos en nuestras críticas, hay que tomar decisiones fundadas, pero tampoco debemos ahuyentar a aquellos que tengan que tomar decisiones en circunstancias muy difíciles ni meterles tanto miedo porque puedan temer la crítica que se desencadene después», concluyó.