El Congreso de Honduras ha decretado el estado de emergencia para iniciar el proceso de depuración de la Policía Nacional, institución que en los últimos meses se ha visto envuelta en escándalos por la supuesta implicación de varios agentes en delitos de corrupción y homicidio.
El estado de «emergencia policial» se ampliará durante 180 días, según señala el decreto aprobado de forma unánime por el Congreso este viernes por la madrugada en una sesión de convocada con carácter de urgencia a petición del Gobierno de Porfirio Lobo.
Algunos artículos que la Ley Orgánica de la Policía Nacional serán suspendidos temporalmente para poder llevar a cabo la reforma propuesta por Lobo que incluye una purga en esa institución de unos 14.500 efectivos.
Las autoridades hondureñas han mantenido un gran hermetismo en torno a esta medida. El director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Carlos Bonilla, se abstuvo de ofrecer mayores detalles apelando a la «discrecionalidad», aunque reveló que habrá sanciones para agentes que hayan tenido un comportamiento inadecuado.
La declaratoria del estado de emergencia es anunciada cinco días después de que Lobo ordenara la destitución de comisionado general Ricardo Ramírez del Cid como jefe de la Policía Nacional, quien finalmente fue sustituido por Bonilla.
La Policía Nacional se encuentra actualmente afrontando una dura polémica por la presunta vinculación del agente Miguel Ángel Álvarez en el secuestro y posterior asesinato del periodista Alfredo Villatoro, director de noticias de la emisora HRN, ocurrido la semana pasada.
Álvarez fue sentenciado en marzo de 2011 por haber sido cómplice de un homicidio y actualmente cumple su condena en el recinto penitenciario de Danlí, en el este de Honduras. Algunas personas han denunciado que, a pesar de su situación legal, continuaba recibiendo su sueldo de policía.
Lobo ordenó en noviembre del año pasado iniciar una purga en la Policía Nacional, como parte de su estrategia contra la violencia y la impunidad. Además, en los últimos años han crecido las denuncias sobre la presunta vinculación de policías en delitos como homicidios, secuestro y corrupción.
Honduras tiene una de la tasas de homicidios más altas del mundo, 82,1 por cada 100.000 habitantes (una media de 20 al día), según un informe de la ONU divulgado el año pasado.