El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela auditará el cien por cien de los votos emitidos en las elecciones presidenciales del pasado domingo, tal y como ha solicitado la oposición, según ha informado su presidenta, Tibisay Lucena. En una cadena nacional, Lucena ha anunciado que después de «una larga discusión», el CNE ha decidido auditar el 46% de los votos que quedan, después de que al término de la jornada electoral ya se auditara el 54 por ciento de los mismos por obligación legal.
La presidenta del CNE ha detallado que para ello seleccionarán «una muestra» con «una capacidad de 400 cajas diarias» en presencia de los técnicos de los equipos de campaña electoral de todos los candidatos presidenciales. «Este procedimiento se repetirá en ciclos de diez días hasta completar treinta días», ha indicado.
Lucena ha subrayado que «esta decisión ha sido tomada atendiendo a una situación evidentemente particular», por lo que ha indicado que «en ningún caso debe ser interpretada como escrutinio alguno», de acuerdo con el comunicado emitido por el CNE. «El Poder Electoral toma esta decisión en aras de aportar a la preservación de un clima de armonía entre venezolanos y venezolanas, pero también para aislar a los sectores violentos que buscan irresponsablemente lesionar la democracia», ha aclarado.
El CNE se ha pronunciado después de que el equipo de campaña electoral del principal candidato opositor, Henrique Capriles, solicitara formalmente que cuente uno a uno los votos emitidos y compare las papeletas con las máquinas, los cuadernos y las actas de votación.
«No se ha solicitado el recuento»
La titular de la máxima autoridad electoral ha explicado que «la solicitud presentada es culminar la auditoria de verificación ciudadana que se hizo el pasado domingo al 54 por ciento». «No se hizo solicitud de recuento de votos», ha insistido. Además, ha indicado que, aunque así fuera, no sería posible porque «el voto y el escrutinio en Venezuela son automatizados», por lo que «un nuevo escrutinio automatizado sólo se puede solicitar mediante la impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia».
A este respecto ha recordado «el derecho que asiste a quienes están en desacuerdo con el resultado electoral para impugnarlo» ante «las instancias correspondientes, no a instancias de los medios de comunicación», tras la proclamación formal del presidente electo. «El derecho asiste a quienes votaron por el candidato Capriles, pero también asiste a quienes lo hicieron por el Presidente Maduro y por eso es tan importante preservar toda acción dentro del marco legal que rige el proceso», ha apuntado.
«Absolutamente transparente»
Además, ha insistido en que, a pesar de que ha aceptado auditar todos los votos, el CNE «emitió unos resultados electorales absolutamente transparentes, que reflejan de forma pulcra la expresión de las electoras y los electores». En la misma línea, Lucena ha destacado que Venezuela posee «un sistema electoral que fue y ha sido sometido a las auditorías y a las pruebas que dan garantías de su fortaleza y robustez durante mucho tiempo».
«El Poder Electoral tiene la obligación constitucional de respetar y hacer respetar la decisión de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos, por ello actúa estrictamente dentro del marco jurídico del país», ha sostenido.
Controversia electoral
El pasado domingo, el candidato oficialista, Nicolás Maduro, tras conocer los resultados oficiales, que le dan la victoria, se comprometió a auditar el cien por cien de los votos, pero un día después se retractó y consideró suficiente el 54 por ciento legal. Tanto Maduro como Capriles se han comprometido a acatar los resultados que arroje la auditoría del cien por cien de los votos, independientemente de a quién otorgue la victoria y, por tanto, el Gobierno hasta 2019.
La controversia sobre los resultados electorales ha desatado una ola de violencia que, de momento, se ha saldado con nueve muertos -ocho oficialistas y un opositor- y 70 heridos, así como con numerosos ataques a edificios públicos. En este contexto, Lucena ha instado «a los medios de comunicación y a los portavoces de las organizaciones con fines políticos a ser consecuentes y responsables con la paz nacional y evitar emitir juicios previos o manifestar criterios que promuevan la alteración de los ánimos en este período».
«Dejen que el Poder Electoral cumpla con su función sin que medien chantajes, agresiones o amenazas a funcionarios u oficinas de esta institución. Debemos procurar que nuestra democracia sea resguardada para el bien de todas y todos», ha concluido.