El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado al fiscal general, Eric Holder, que revise los protocolos del Departamento de Justicia para investigar los casos de filtraciones de información a la prensa. «Estoy preocupado por la posibilidad de que estas pesquisas (sobre filtraciones) puedan llegar a enfriar el periodismo de investigación, necesario para un gobierno responsable», ha dicho tras una reunión sobres sobre política exterior.
Obama ha reiterado su convicción de que «los periodistas no deben estar en peligro legal por hacer su trabajo». «Nosotros, como Gobierno, solamente debemos poner el foco en quienes infringen la ley», ha subrayado. Así, ha encomendado a Holder que se reúna con los medios de comunicación para recabar sus opiniones sobre los procesos que se abren en su contra por estas filtraciones y que presente sus conclusiones en un informe el próximo 12 de julio.
«Esta revisión es consistente con la creencia del fiscal general de que la libertad de expresión es esencial para nuestra democracia», ha dicho, por su parte, el Departamento de Justicia a través de un comunicado. Si bien, ha subrayado que «el fiscal general también cree que las filtraciones de información clasificada pueden dañar la seguridad nacional y por ello deben ser investigadas usando las herramientas legales adecuadas».
Registros telefónicos
La polémica se desató el pasado 10 de mayo, cuando AP recibió una carta de la Fiscalía del Distrito de Columbia para notificarle que el Departamento de Justicia había obtenido, sin previo aviso, los registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por editores y periodistas de la agencia de noticias entre abril y mayo de 2012.
En respuesta, el presidente de AP, Gary B. Pruitt, envió una carta de protesta al fiscal general, Eric Holder, en la que objeta «en los términos más fuertes la masiva y sin precedentes intrusión del Departamento de Justicia en las actividades de recolección de noticias de AP».
«Los registros telefónicos revelan comunicaciones con fuentes confidenciales a través de todas las actividades de recolección de noticias realizadas por AP durante un periodo de dos meses, proporcionan una ‘hoja de ruta’ para las operaciones de recolección de noticias de AP y revelan información acerca de las actividades y operaciones de AP que el gobierno no tiene derecho a conocer», dijo.
En una rueda de prensa, Holder explicó que el Departamento de Justicia accedió a los registros telefónicos de AP en el marco de una investigación sobre una «filtración de información muy seria» que puso al «pueblo estadounidense en peligro», por lo que «tratar de determinar quién fue el responsable, requería acciones muy firmes».
«El Departamento de Justicia se esfuerza por alcanzar en cada caso un equilibrio adecuado entre el interés público por la libre circulación de información y el interés público por la protección de la seguridad nacional y la aplicación efectiva de las leyes penales», añadió el fiscal general adjunto, James Cole.