La Unión Europea y Marruecos han cerrado este miércoles el acuerdo que permitirá a la flota comunitaria, principalmente española, regresar a los caladeros que gestiona Rabat y que les fueron cerrados hace casi dos años por los problemas para renovar el convenio anterior. El nuevo régimen tendrá un coste anual de 40 millones de euros para las arcas comunitarias, una duración de cuatro años y atiende a la resolución de la Eurocámara para el respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara occidental, según fuentes próximas a la negociación. No queda claro, sin embargo, cuándo podrán volver a la actividad los pescadores europeos en la zona, ya que Rabat veía con reticencias permitir una aplicación provisional del convenio de inmediata, tal y como pedía Bruselas, mientras se cumplen los procedimientos formales para ratificar el acuerdo en la Eurocámara y el Consejo.
La voluntad del Ejecutivo comunitario es que se aplique «lo antes posible», según han explicado a Europa Press fuentes comunitarias, «pero hay que hablar antes con las otras instituciones», añaden las fuentes, en referencia al Parlamento Europeo, lo que podría llevar meses, habida cuenta del parón veraniego. La Unión Europea ha accedido finalmente a aumentar la contrapartida financiera por faenar en la región y pagará 40 millones de euros anuales, de los que 10 millones los aportarán los pescadores por sus permisos. El régimen anterior, válido hasta 2011, costaba 36 millones a las arcas comunitarias cada año.
La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que ha negociado el acuerdo en nombre de los Estados miembros trató en vano durante las negociaciones reducir el monto hasta los 28 millones de euros, por considerar excesiva la petición marroquí, según han explicado fuentes europeas. A cambio, se mejoran las condiciones para que la flota comunitaria tenga derecho a mayores cuotas de pesca. Los buques europeos obtienen 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiará a 700 tripulantes aproximadamente.
El segundo de los escollos que ha mantenido las negociaciones en un impasse de varios meses y que se ha solventado con una salvaguarda específica, ha sido la situación del Sáhara occidental y las garantías que exigía Damanaki sobre el respeto de los derechos fundamentales de la población de al excolonia española, incluida la condición de que las ventajas del acuerdo también les beneficiara.
La población saharaui ha reclamado durante las negociaciones que sus aguas, de donde proceden buena parte de las capturas, fueran excluidas del acuerdo, porque rechazan que Marruecos tenga derecho a gestionar sus recursos. Por su parte, el Parlamento Europeo, que hace dos años tumbó el último acuerdo negociado, puso como condición para dar su visto bueno al pacto que se respeten los Derechos fundamentales de los saharauis y que haya pruebas de que la pesca será sostenible y rentable económicamente.
Futuro sostenible
Damanaki, que ha suscrito el pacto este miércoles en Rabat con el ministro de Pesca marroquí, Aziz Akhannouch, ha asegurado que se trata de «un momento importante para la pesca de Marruecos y de la UE». El acuerdo «garantizará un futuro sostenible para el sector a nivel local y representa una buena relación calidad-precio», ha asegurado la comisaria en un comunicado.
Damanaki ha explicado que el nuevo Protocolo se ajusta a los principios de la reforma de la política pesquera común de la UE, «garantizando la gobernanza internacional en materia de pesca responsable».
Bruselas afirma que las disposiciones del nuevo régimen pesquero hacen «especial hincapié» en los dictámenes científicos, la rentabilidad económica del convenio y el respeto del Derecho internacional. «La sostenibilidad está garantizada mediante la limitación de la actividad pesquera a los recursos excedentarios en todas las pesquerías», según el Ejecutivo comunitario.
Además de España, principal flota interesada, también faenan en aguas gestionadas por Marruecos otros Estados miembros: Portugal, Italia, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, los Países Bajos, Irlanda, Polonia y Reino Unido. Del coste total anual del acuerdo, 16 millones de euros se pagarán como compensación a Marruecos por el acceso a sus recursos, 14 millones de euros se destinarán a apoyar al sector pesquero en el país y los 10 restantes los aportarán los armadores.