El depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi será juzgado a partir de este lunes en un proceso que amenaza con desbordar la tensión política y social en la vive el país tras el golpe de Estado militar que acabó el pasado mes de julio con el mandato que obtuvo en las urnas y bloqueó los avances democráticos conseguidos tras la revolución de la Primavera Egipcia. La ilegalizada organización islámica Hermanos Musulmanes, raíz del partido de Mursi, ha prometido que incrementará el ritmo de las protestas si el depuesto presidente es finalmente condenado, y acusa al Ejército –y en particular al jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel Fatá al Sisi de orquestar el golpe para consolidar su dominio en el país–.
Mursi está acusado de incitar a sus partidarios a cometer asesinatos y actos de violencia durante la protesta celebrada por la oposición frente al palacio presidencial de Ittihadiya el pasado 4 de diciembre de 2012 que se saldaron con la muerte de ocho personas, entre ellas al menos cuatro integrantes de los Hermanos Musulmanes, así como el periodista El Hoseini Abul Deif, y cientos de heridos y detenidos.
De ser declarado culpable, Mursi podría ser condenado a muerte como pena máxima, según el abogado del grupo islamista Coalición Nacional para Apoyar la Legitimidad, Mahmud Ahmed. No se descarta que pueda ser condenado a perpetua.
Junto a Mursi, comparecerán otros 14 líderes de Hermanos Musulmanes y del partido del depuesto presidente, Libertad y Justicia, entre ellos el ex vicepresidente de la formación, Essam Al Arian, o el ex asesor presidencial Ayman Hodhod. También se presentará ante el juez el líder salafista Gamal Saber.
Aunque Mursi comparece por los incidentes del 4 de diciembre, la Fiscalía investiga al presidente depuesto por espionaje, y por ordenar los secuestros y asesinatos de varios soldados y agentes de Policía.
Se desconoce en estos momentos si Mursi comparecerá a la primera sesión. Algunos medios egipcios, según el diario ‘Al Ahram’, dudan de que acuda por motivos de seguridad, por lo que se podría emplear una conexión de video con el lugar donde permanece detenido. No obstante, la ley egipcia requiere que el acusado se persone en la sala al menos durante la primera sesión del proceso.
Los incidentes de Ittihadiya
El incidente del que se acusa a Mursi tiene su origen en la declaración constitucional formulada por el depuesto presidente a finales de noviembre de 2012, por la que recibía total inmunidad ante cualquier decisión judicial. Este decreto concedía a Mursi tales poderes que opositores como el liberal Amr Hamzawy anunciaron la inminente llegada de una «absoluta tiranía presidencial».
El presidente se retractó de su decisión en diciembre de ese año, no sin que antes los opositores se concentraran varias veces para pedir su anulación. Entre estas protestas destaca la de noviembre, cuando varios grupos contrarios a Mursi protagonizaron una sentada frente al palacio presidencial que fue disuelta violentamente por los simpatizantes del jefe de Estado.
Justicia selectiva
La ONG Human Rights Watch advierte de que el juicio a Mursi está contaminado por motivos políticos. «El sistema judicial ha sido extremadamente selectivo. Hasta ahora, los servicios de seguridad egipcios, que han matado a cientos de manifestantes, operan con casi total impunidad», indicó el director de HRW para Egipto, Heba Morayef.
«En este ambiente de procesos judiciales politizados, la probabilidad de que se haga verdadera justicia es muy baja. Eso es lo que me preocupa de este juicio», añadió.
El actual Gobierno egipcio reconoce que el país atraviesa una etapa difícil, pero no duda de que tarde o temprano la democracia quedará consolidada en el país. «No se nos puede juzgar por lo que haremos hoy o mañana», indicó el ministro de Exteriores, Nabil Fahmy, a la agencia Reuters. «Pero puedo prometer que, aunque nos tropecemos por el camino, al final tendremos éxito», manifestó.
Por su parte, los Hermanos Musulmanes advierten de que cualquier condena contra Mursi supondrá una «grave escalada de las protestas». Si bien aseguró que la intención de la ahora ilegalizada organización es de manifestarse «en paz y sin el uso de la fuerza», no se descarta que otros islamistas puedan recurrir a las armas, según un alto responsable del grupo.