Dos ciudadanos de origen español, Yolanda Lara y José Fernández, están entre los 58 «mercenarios» extranjeros detenidos en Venezuela en los últimos meses por su implicación en un «plan de sedición» contra el Gobierno del presidente del país, Nicolás Maduro, según reveló el viernes en rueda de prensa el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres.
«Yolanda Lara y José Fernández, especialistas en la construcción de artefactos explosivos, y fueron aprehendidos el 21 de febrero de 2014 en Yaracuy», ha explicado Rodríguez en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias AVN. «Estos señores tenían en sus escritos y en sus equipos un plan de magnicidio contra el gobernador de Yaracuy», ha añadido el ministro.
Rodríguez ha revelado que los 58 detenidos son «mercenarios, lo que en Estados Unidos llaman contratistas, que no tienen nada que perder». Hay estadounidenses y colombianos y que «casi todos implicados en el uso de armas», ha destacado.
El ministro ha mencionado además el caso de del colombiano Gabriel Alejandro Reyes Beltrán. «Estaba guarimbeando, liderizando estudiantes, los organizaba. Es un adiestrador, un entrenador para los estudiantes en Táchira», ha explicado Rodríguez.
Reyes Beltrán «es Código Rojo en Interpol por el Gobierno español. No pueden decir que es un montaje, que el Gobierno venezolano lo sembró en la guarimba», ha argumentado. Sin embargo, en la base de datos de Interpol no aparece ningún individuo con este nombre sobre el que pese un Código Rojo.
El titular de Interior, Justicia y Paz ha afirmado que todos estos individuos han participado de alguna manera en el «golpe (de Estado) suave implementado por sectores de la derecha para crear caos». Rodríguez Torres ha acusado directamente a Estados Unidos de estar detrás de la ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que –según argumenta el Palacio de Miraflores– forman parte de un golpe de Estado encubierto.
«Son dos los objetivos que tiene el imperio de Estados Unidos sobre Venezuela: impedir la propagación continental del ideal bolivariano y apropiarse y controlar las reservas petrolíferas más grandes del planeta», ha dicho.
Sobre el último «objetivo», ha recordado que «Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores energéticos del mundo y ahí al alcance de su mano siempre tuvo el control del petróleo venezolano, por lo que quisiera tener el control sobre la Faja (del Orinoco)».
Rodríguez Torres ha señalado que el Departamento de Estado ha trazado «dos caminos para atacar la Revolución Bolivariana». El primero consistiría en «acopiar información y manipularla para hacer ver al mundo que Venezuela viola constantemente los Derechos Humanos».
El segundo camino «pasa por el tema del narcotráfico y del terrorismo, donde señalan de manera irresponsable a altos funcionarios del Gobierno de estar implicados en estas actividades con la intención de fortalecer esa matriz de que en Venezuela hay un Estado forajido».
Tres fases
Rodríguez Torres ha detallado incluso que la estrategia estadounidense arrancó en 2010 con lo que ha denominado la «fiesta mexicana», por la supuesta participación del ex presidente mexicano Vicente Fox, así como del ex funcionario estadounidense Otto Reich y de varios líderes opositores venezolanos.
A la «fiesta mexicana» le siguió en 2012 el «plan país», que tenía como objetivo desestabilizar al Gobierno mediante protestas en las cárceles y huelgas de hambre. En 2013, se habría puesto en marcha el «plan salida» para activar a «las guarimbas» (pandillas callejeras), lo que habría dado lugar a la situación actual.
Entre los líderes opositores a los que Rodríguez Torres ha acusado de ayudar a Estados Unidos a urdir esta trama destacan el jefe del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López; la exdiputada María Corina Machado; y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Crisis venezolana
La crisis política en Venezuela estalló el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, que ya ha dejado 41 muertos, 674 heridos y 175 detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá y, aunque expresó su respaldo a Maduro, creó una comisión de ministros de Exteriores que ha conseguido sentar a la mesa de negociaciones a Gobierno y oposición.