Alrededor de 200 funcionarios turcos han presentado denuncias contra el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, por sus constantes acusaciones en torno a la existencia de un 'estado paralelo' que, según denuncia, trabaja para derrocar al Gobierno.
El ministro del Interior, Efkan Ala, que ha sido el encargado de anunciar la existencia de estas denuncias, ha sostenido que las mismas demuestran la existencia de dicho 'estado paralelo', según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
Erdogan ha criticado abiertamente en los últimos meses al clérigo Fethulá Gulen por su influencia en la Policía y el poder judicial en el marco de la operación contra la corrupción abierta en diciembre, que el primer ministro ha descrito como un intento de golpe de Estado.
Los años de desencuentros entre ambos se recrudecieron el mes pasado debido a un plan gubernamental para abolir escuelas privadas, incluyendo aquellas dirigidas por Hizmet. Este movimiento, que cuenta con millones de seguidores en Turquía y en el extranjero, controla cientos de escuelas e instituciones educativas.
Las críticas de Erdogan a Gulen han aumentado desde el mes de diciembre debido al estallido de un escándalo, que ha afectado a varios altos cargos y que, según el primer ministro, tendría en su origen los movimientos en la sombra del clérigo para utilizar sus activos en la Policía y el aparato judicial.
«La ofensiva del 17 de diciembre (de 2013) es un proyecto de destrucción. Sólo quieren destruir, no tienen pensado construir. Dicen que el AKP y el Gobierno deben marcharse, pero lo que proponen en su lugar es el caos, la inestabilidad, la pobreza y la corrupción», ha valorado Erdogan.
El Ejecutivo de Erdogan se ha visto debilitado a consecuencia del escándalo de corrupción, si bien y a pesar de ello logró una victoria relativamente cómoda en las elecciones municipales celebradas en marzo.
El Gobierno ha cesado y reasignado desde entonces a cientos de policías, jueces y fiscales responsables de la investigación y además ha promovido una reforma judicial para transferir el poder de nombrar jueces y fiscales del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales al ministro de Justicia, lo que ha sido interpretado como un intento de limitar la independencia judicial en el país.