La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado este lunes, en su primera aparición pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que su Gobierno propondrá a los legisladores argentinos un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia, según ha informado el diario Clarín.
«Este proyecto va a ser remitido antes de este fin de semana y se va a llamar a sesiones extraordinarias», ha detallado la mandataria argentina, que prevé sustituir este organismo por una Agencia Federal de Inteligencia, que «trabajará en la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y los ciberdelitos».
«Hay que comenzar a trabajar por un proyecto de reforma del sistema de Inteligencia argentino, ya que el existente no ha servido a los intereses nacionales», ha añadido la presidenta, quien ha explicado que la nueva Agencia Federal de Inteligencia se mantendrá en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero «requerirá del Senado para poder funcionar».
Esta decisión llega después de que el oficialismo apuntara a exagentes de Inteligencia de maniobras contra el Gobierno. De hecho, el Ejecutivo relegó en diciembre a la cúpula del servicio secreto. «La disolución de la Secretaría de Inteligencia es una deuda de la democracia que me toca a mi reformar», ha apostillado Fernández, que ha aparecido sentada sobre un silla de ruedas, recuperándose de un esguince de tobillo.
«Combatir la impunidad»
En un mensaje grabado en su residencia y difundido por la cadena nacional, Fernández ha asegurado que el compromiso de los gobiernos desde el año 2003 –en referencia también a los mandatos de su fallecido esposo Néstor Kirchner– «ha sido siempre combatir la impunidad» y ha añadido que se han tenido «dos pilares e hitos», que fueron «combatir el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional».
Con este último punto, la mandataria se ha referido directamente a los atentados a la embajada de Israel, en el año 1992, y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. Este último suceso ha levantado una gran polémica en las últimas semanas después de que el fiscal al cargo de la investigación, Alberto Nisman, acusara a la propia presidenta y al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, de encubrir a los iraníes sospechosos de llevar a cabo el atentado.
El atentado contra la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994 y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado en suelo argentino. A pesar de ello, sigue sin resolver porque los sospechosos, cinco iraníes entre los que se encuentran el expresidente Akbar Hashemi Rafsanyani y el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, nunca han sido interrogados.
Poco después de realizar la denuncia, Nisman fue hallado muerto en el baño de su casa de Buenos Aires, con un disparo realizado justo encima de su oreja derecha con una pistola del calibre 22. La Fiscalía argentina ha imputado este lunes al técnico informático Diego Lagomarsino por prestarle a Nisman el arma hallada junto al cadáver.
Rechaza la hipótesis del suicidio
Por otra parte, Fernández ha lamentado el fallecimiento de Nisman –del que dice haberse enterado esa misma madrugada del 18 de enero– y ha insistido en que no se trató de un suicidio, dando a entender que hay una intencionalidad contra el Gobierno en la muerte del fiscal. «La muerte del fiscal Nisman está relacionada con el memorándum de entendimiento y la voladura de la AMIA, pero parece que nadie quiere investigar», ha afirmado.
Asimismo, ha asegurado que Lagomarsino «es un feroz opositor al Gobierno y hermano de un socio del estudio Sáenz Valiente, del grupo Clarín» –medio de comunicación contra el que la presidenta ha lanzado duras críticas por su manera de abordar la muerte del fiscal–.
En cualquier caso, la presidenta ha seguido defendiéndose de las acusaciones lanzadas por Nisman en su contra y ha señalado que los argumentos presentados «son absurdos». El fiscal acusó a la mandataria de un presunto delito de «confabulación» para dar impunidad a los ciudadanos iraníes sospechados de haber participado en el atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas.
«No hay un solo abogado, un solo doctrinario, un solo magistrado, que una vez que se conoció la denuncia que pueda creer que haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal», ha añadido la jefa de Estado, que ha insistido en sugerir que hay «alguien» contrario al Gobierno detrás de la denuncia y la muerte de Nisman.
«A mí no me van a extorsionar, no me van intimidar, no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que los jueces me citen, no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado», ha aseverado.