El Pleno del Congreso de los Diputados dará este jueves luz verde definitiva a cinco de las leyes más importantes y polémicas de esta legislatura. Tres relacionadas con la corrupción (la nueva ley que regula la actividad económica de los partidos, que modifica la Ley de Partidos, la de financiación y la del Tribunal de Cuentas, el Estatuto del Alto Cargo y la reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable. Y la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, bautizada por la oposición parlamentaria como 'Ley Mordaza'.
Las tres leyes anticorrupción llegan desde el Senado, donde se han introducido una serie de enmiendas puntuales que son las que habrá de votar la Cámara Baja. Así, el Senado aprobó una enmienda para obligar al Tribunal de Cuentas a que, antes de unos comicios de cuya fiscalización vaya a ser competente, comunique el límite de gasto electoral que va a tener cada partido en esa campaña.
Hasta ahora el Gobierno publica antes de las elecciones un decreto en el que fija la subvención por escaño y voto y actualiza la cifra del tope de gasto electoral en función de una serie de variables y después el fiscalizador analiza si los partidos han superado o no ese tope. Además, la Cámara Alta abrió la puerta a que las formaciones que en su momento vieron denegadas peticiones para que se les devolvieran derechos o bienes que les habían sido incautados por el bando franquista durante la Guerra Civil puedan solicitar ahora la revisión de aquellas decisiones en determinados casos.
La ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que cuenta con el respaldo de PP y de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, impone a los partidos políticos y sus fundaciones nuevos controles de su financiación y más requisitos de transparencia y de democracia interna. Entre otras cosas, prohíbe condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido. La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40% de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).
Luz verde a la prisión permanente revisable
Menos respaldas son la reforma del Código Penal y la 'Ley Mordaza'. En lo que al Código Penal respecta, el Gobierno y el partido que lo sustenta (PP) no han conseguido convencer a la oposición para aprobar la prisión permanente revisable y el endurecimiento de penas para delitos relacionados con el terrorismo yihadista, fruto del pacto sellado el pasado 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
La nueva norma castigará «con la prisión por el tiempo máximo previsto» a aquellas personas integradas en organización terrorista que causaran la muerte de una persona e introduce el delito de adoctrinamiento pasivo para aquellos que consulten páginas webs con contenido yihadista se haga con el objetivo de pertenecer a una banda o perseguir sus fines.
El nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de la prisión permanente, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables. La medida ha levantado la crítica unánime de toda la oposición que la considera una cadena perpetua encubierta.
La prisión permanente prevé que las penas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.
'Ley Mordaza'
El Congreso da vía libre a otra de las normativas más polémicas de esta legislatura, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Ésta entrará en vigor definitivamente después de que fuese aprobada en el Senado el pasado 12 de marzo introduciendo algunas novedades como la que abre la puerta a que el ordenamiento jurídico español regule el registro de pasajeros en aviones, una propuesta defendida por varios países de la Unión Europea como medida para combatir la llegada de terroristas yihadistas.
En concreto, es la enmienda que modifica el apartado 1 del artículo 25 sobre las «Obligaciones de registro documental» en el que se dice que quienes «ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana» quedarán sujetas a «las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables». Entre esas «actividades relevantes» la Ley incluía numerosas categorías como hospedarse en un hotel, comprar un teléfono móvil, alquilar un coche, compraventa de joyas u obras de arte. La novedad que introduce ahora el PP en el texto es que entre esas actividades, se añade también el «transporte de personas».
Durante su paso por el Senado la mayoría de grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la enmienda introducida en su día por los 'populares' para regular el rechazo de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. El redactado final de la Ley dice que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».
Fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que la retirada de esa frase responde a cuestiones técnicas dado que al tratarse de una Ley Orgánica no se podría desarrollar en el futuro reglamento. No obstante, las fuentes consultadas han garantizado que desde el Ministerio del Interior existe el compromiso de dotar a las fuerzas de seguridad de este protocolo de actuación.