El pleno de la Eurocámara ha criticado este jueves a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por participar en la financiación del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona sin evaluar los riesgos sísmicos y les ha exigido que adopten medidas para evitar que la ciudadanía tenga que asumir la indemnización de 1.300 millones que el Gobierno español ha pagado a la concesionaria Escal UGS (controlada por ACS) por la paralización del proyecto.
Esta solicitud está incluida en el informe anual de actividad del BEI, cuyo ponente es el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, y ha sido aprobada, en una votación por separado del resto del texto, por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones.
El Parlamento Europeo «lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación», según destaca el informe.
Por ello, la Eurocámara «insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa».
Finalmente, los eurodiputados reclaman al Ejecutivo comunitario que siga las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo e «investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida».
«Creemos que el BEI no puede eludir su responsabilidad, fue un actor indispensable para que un proyecto desastroso como Castor se llevara a cabo», ha dicho Urtasun en un comunicado. El eurodiputado de ICV ha exigido también a la Comisión y al Gobierno español que cumplan las exigencias de la Eurocámara y «pasen a la acción».
«No pueden ignorar una voz tan clara como la del Parlamento Europeo, estaremos encima para que cumplan lo que se ha votado», ha anunciado. Y ha denunciado que la empresa concesionaria «firmó un contrato de colaboración público-privada que permite tener beneficios seguros si todo sale bien pero en cambio obliga a pagar con dinero público en caso de pérdidas».