El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Diosdado Cabello, ha respondido este martes a las informaciones publicadas por el diario estadounidense The Wall Street Journal, que apuntan a que Estados Unidos está investigando una decena de funcionarios venezolanos, entre ellos él mismo, por presuntamente formar parte de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína.
«Si tiene alguna prueba en mi contra, pues que la presenten. Y les digo a los difusores de este información que nos veremos en los tribunales», ha declarado el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien ha criticado a los medios de comunicación locales de difundir esa información, que ha tachado de falsa, y les ha pedido que asuman su «responsabilidad».
Asimismo, Cabello ha afirmado que «jamás» se metería con «algo que le cause problemas a los jóvenes de Venezuela y el mundo», y ha añadido que «todo lo que se dice de él forma parte de una campaña de descrédito contra el país» sudamericano.
Los diputados oficialistas del Parlamento venezolano han aprobado un acuerdo de desagravio a favor de Cabello, que será entregado este miércoles en la Fiscalía General de la República (FGR). «Este recinto no puede quedarse callado ante lo que no es más que una infamia», ha denunciado la segunda vicepresidenta de la AN, Tania Díaz, tal y como informa el diario local El Nacional.
«No hay ninguna investigación en juzgado alguno del planeta tierra contra Diosdado, ¡nadie la ha puesto sobre la mesa!, no hay un vocero oficial que dé la cara. Está basado todo en rumores. ¡Es una patraña, una vergüenza!», ha apostillado la legisladora venezolana, que asegura que le están atacando «por ser leal a esta revolución y al (difunto) presidente Chávez».
Investigación de EEUU
Las investigaciones se dirigirían también contra el hijo de Cabello, José David Cabello, actual ministro de Industria y director de la Agencia Tributaria; el gobernador del estado de Aragua, Tareck El Aissami; el jefe de la Guardia Nacional, Néstor Reverol; y el exdirector de Inteligencia Militar Hugo Carvajal, entre otros altos cargos políticos y militares.
La justicia estadounidense les señala como posibles responsables del tráfico de droga hacia el país norteamericano y Europa y de blanquear el dinero obtenido con la venta de la cocaína colombiana en ambos continentes.
Aunque las investigaciones llevan años, de acuerdo con 'The Wall Street Journal', se aceleraron desde 2013, debido al caos generado por la crisis política desatada en Venezuela tras la muerte del presidente Hugo Chávez.
La fuentes consultadas por el citado periódico han explicado que la inestabilidad en Venezuela permitió a los agentes estadounidenses «reclutar» a más informantes. «Los disturbios nos han permitido construir los casos», ha confesado un fiscal federal de Nueva York.
Lo cierto es que en los últimos tiempos antiguos 'chavistas' han desertado y han denunciado las corruptelas del Palacio de Miraflores. En enero el exresponsable de la seguridad de Cabello, Leamsy Salazar, apuntó a su exjefe como líder de este cártel.
Destaca también el caso del exgobernador del estado de Aragua Rafael Isea, que sostiene que el capo de la droga venezolano Walid Makled pagó a El Aissami cuando era ministro de Interior para que permitiera el tránsito de la droga colombiana por Venezuela.
Las fuentes se han mostrado conscientes de que, aunque la investigación no ha partido del Gobierno de Barack Obama, sino de la Justicia, si se concreta en acusaciones contra importantes 'chavistas' como Cabello «sería un terremoto» para las relaciones bilaterales.
Cabello ya negó estas acusaciones tras el testimonio de Salazar y ha demandado a los medios de comunicación venezolanos que se han hecho eco de estas informaciones.