El expresidente español José María Aznar y otros 26 ex jefes de Estado y de Gobierno de países iberoamericanos han firmado la denominada Declaración de Caracas, en la que denuncian el «imparable deterioro» de las garantías democráticas y los Derechos Humanos en Venezuela y condenan la persecución contra la prensa independiente y los opositores políticos.
Tras la firma de la Declaración de Panamá, esta nueva declaración conjunta ha llegado después de que los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) viajaran este fin de semana a Venezuela y no lograran visitar a los «presos políticos» Leopoldo López y Daniel Ceballos, según ha informado FAES.
En la declaración, los exmandatarios «alertan del imparable deterioro de las garantías democráticas y los Derechos Humanos en Venezuela, después de que los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y Bolivia, Jorge Quiroga, viajaran a la capital venezolana con el propósito de comprobar las condiciones en las que se encuentran los presos de la oposición democrática y les fuera denegada la visita a los encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos».
Los firmantes condenan la «persecución» de la prensa independiente, «el progresivo condicionamiento de las elecciones parlamentarias y la crisis humanitaria que sufre Venezuela», al tiempo que reiteran su llamamiento a que la comunidad internacional se mantenga vigilante ante el empeoramiento de la situación».
Además, demandan «la revocatoria de las medidas de persecución judicial contra la prensa independiente; el cese de las persecuciones y la libertad de los presos políticos y el respeto de sus dignidades humanas; la realización de elecciones justas y transparentes bajo un poder electoral imparcial y una observación internacional calificada oportuna e independiente; y la disposición de las medidas económicas que permitan la cesación inmediata de las humillantes medidas de racionamiento y de control político a que está sometida la población para acceder a los alimentos y medicinas básicas».
Aznar y los 26 expresidentes iberoamericanos emplazan «a las autoridades venezolanas a la creación de un clima de diálogo y paz que revierta las nocivas tendencias que se aprecian y que afectan a los venezolanos en sus libertades y derechos fundamentales».
En esta misma línea, hacen un llamamiento a «la opinión pública internacional», a sus países y sus gobiernos y a las organizaciones internacionales encargadas de ofrecer su tutela a las víctimas de abusos de los Derechos Humanos y de asegurar la democracia «como derecho de los pueblos» para que se mantengan vigilantes.
Por último, recuerdan en que «la democracia y su ejercicio efectivo» consisten en «el respeto y garantía de los Derechos Humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, y la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares».
Hasta este lunes, la Declaración de Caracas cuenta con la firma de 27 ex jefes de Estado y de Gobierno de España e Iberoamérica. La han ratificado los expresidentes Fernando de la Rúa (Argentina); Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera y Eduardo Frei (Chile); Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur (Colombia); Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge (Costa Rica); Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez y Sixto Durán Ballén (Ecuador); Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol (El Salvador); José María Aznar (España); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Mireya Moscoso, Nicolás Ardito y Ricardo Martinelli (Panamá); Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); Alejandro Toledo (Perú); y Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay).
FAES ha explicado que todos los expresidentes firmantes de la declaración conjunta forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un foro internacional no gubernamental integrado por académicos, editores y exaltos cargos y creado para la promoción, la defensa y el sostenimiento de la democracia.