Amnistía Internacional ha considerado «vergonzoso» que cientos de personas hayan sido ejecutadas en Arabia Saudí por condenas emitidas en juicios cuanto menos cuestionables y ha denunciado que los actuales protocolos incumplen los estándares básicos internacionales en materia de libertades y Derechos Humanos.
Desde 1985, más de 2.200 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí, 90 de ellas en 2014 y 102 en los primeros seis meses de 2015. Cada dos días, las autoridades del reino quitan la vida a un condenado, en la mitad de los casos por delitos en los que no se ha producido ninguna muerte o incluso sin tener en cuenta si se trata de menores o discapacitados.
Amnistía incluye estos datos en su informe 'Killing in the Name of Justice: The Death Penalty en Saudi Arabia' ('Matar en el Nombre de la Justicia: La Pena de Muerte en Arabia Saudí'), en el que repasa toda una serie de agravios que, a juicio del responsable de la ONG para Oriente Próximo y el Norte de África, Said Boumedouha, son «completamente vergonzosos».
«El uso de la pena de muerte es lamentable en todas las circunstancias, pero lo es especialmente cuando se aplica arbitrariamente después de juicios flagrantemente injustos», ha advertido Boumedouha, que ha mencionado irregularidades como la falta de acceso a un abogado o las supuestas confesiones obtenidas bajo tortura, entre otras.
En numerosos casos, las familias no reciben ningún tipo de notificación previa a la ejecución y tan sólo se enteran de ella una vez que la pena está aplicada, a veces directamente por los medios, ha denunciado Amnistía en su estudio.
En cuanto al método, Arabia Saudí recurre principalmente a las decapitaciones y, en menor medida, al fusilamiento para ejecutar a sus reos. En ocasiones lo hace públicamente e incluso llega a exhibir el cadáver como elemento disuasorio y ejemplo de la aplicación de una ley que, para Amnistía Internacional, no queda del todo clara.
Abierta a interpretación
La ONG ha apuntado que, dado que el sistema penal de Arabia Saudí se basa en la 'sharia' o ley islámica, las definiciones de los delitos y los castigos son vagas y, por tanto, abiertas a una excesiva interpretación. Para ciertos delitos, la sospecha es suficiente para dictar la pena.
Un tercio de las ejecuciones llevadas a cabo desde 1985 corresponden a delitos que no entrarían dentro de la categoría de «crímenes más graves». De hecho, más de una cuarta parte de los casos registrados por Amnistía desde 1991 corresponden a delitos relacionados con drogas.
«Decir que Arabia Saudí aplica la pena de muerte en nombre de la justicia y de acuerdo a las leyes internacionales no podría estar más lejos de la verdad», ha criticado Boumedouha. El responsable de Amnistía ha pedido a las autoridades que, «en lugar de defender el terrible registro» de ejecuciones, aprueben una moratoria y apliquen los estándares internacionales en materia de debido proceso.