Las autoridades alemanas han reanudado los controles en la frontera con Austria a las 17.00 horas de este domingo, según ha informado la agencia de noticias austriaca APA, que cita fuentes de la empresa ferroviaria OBB.
Por otro lado, los ministros de Interior de la Unión Europea cumplirán este lunes el último paso formal para que los Estados miembros empiecen a reubicar en su territorio a los primeros 40.000 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia, mientras persisten las reservas de países del Este y del Báltico a dar su visto bueno a un segundo programa que aumentaría hasta 160.000 las plazas para reubicar refugiados y que incluiría a Hungría entre los países de donde saldrían los inmigrantes que se pueden acoger a este programa de acogida.
Los ministros ya cerraron el pasado mes de julio el acuerdo político que este lunes será refrendado y que dota de base legal al primer plan de emergencia para acoger a 40.000 demandantes de asilo.
Las plazas realmente comprometidas por los países, sin embargo, apenas suman por el momento 32.000, por la negativa de países como España a aceptar la cuota total que le pedía Bruselas (acogerá a 1.300 personas de las 4.288 que le propuso el Ejecutivo comunitario).
Se espera que los ministros aclaren de qué modo piensan resolver el reparto de las 8.000 plazas restantes, aunque al ser un plan de dos años no todas las delegaciones ven urgencia para definir este elemento ahora, según han explicado fuentes diplomáticas.
Austria y Hungría han rechazado aceptar ninguna cuota en este programa, mientras que Irlanda recibirá a varios centenares, pese a que una salvaguarda exime a este país y a Reino Unido y Dinamarca de participar en este tipo de iniciativas.
Se espera también que los ministros intenten cerrar un acuerdo de principio sobre la segunda propuesta de Bruselas para reubicar a otros 120.000 demandantes de asilo, esta vez llegados a Italia, Grecia y Hungría.
Alemania y Francia son los países que recibirán un mayor número de refugiados si prospera la propuesta, seguidos de España, cuyo Gobierno ya ha dicho que acepta sin reservas el cupo de 15.000 refugiados que le asigna la Comisión.
Sin embargo, países como Hungría, República Checa y Rumanía han expresado fuertes reservas en los últimos días a este segundo programa, que el Ejecutivo comunitario quiere que sea «obligatorio», un término que no gusta a muchos países, según varias fuentes diplomáticas.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha intensificado los contactos diplomáticos al más alto nivel durante el fin de semana, en un intento por salvar los escollos a su propuesta. Entre las llamadas de las que ha informado el luxemburgués, figura una con el primer ministro checo, Bohuslav Sobitka, quien ha dicho que es «imposible» que levante su veto a un sistema obligatorio.
Juncker también ha hablado con el primer ministro húngaro, Viktor Orban; con el eslovaco, Robert Fico; el letón Laimdota Straujuma; la polaca, Ewa Kopacz; y con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis. El objetivo es subrayar la «solidaridad» de la Unión Europea en esta crisis de refugiados, apuntan desde Bruselas.
En cualquier caso, lo más lejos que pueden llegar este lunes los ministros con el segundo plan de emergencia es dar su apoyo «político» a una propuesta que Juncker presentó formalmente sólo el pasado miércoles y que necesita más tiempo para cumplir con todo el procedimiento, incluido ser sometido a la opinión del Parlamento Europeo.
El objetivo es allanar el camino para que en su próxima cita del 8 de octubre, los ministros del Interior pudieran adoptar legalmente las disposiciones que permitan elevar de 40.000 a 160.000 las plazas que los Estados miembros están dispuestos a aceptar. Aunque el presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk, ha amenazado con convocar una cumbre este mismo mes de septiembre si no los países no acuerdan avances sustanciales.
La reunión de este lunes fue convocada con carácter extraordinario para tratar de buscar soluciones a la crisis de los refugiados, por la llegada de miles de inmigrantes que escapan de conflictos como el de Siria y tratan de entrar en la UE de forma clandestina y arriesgando su vida.
El plan de Juncker plantea reubicar de manera urgente y con carácter «obligatorio» a 120.000 inmigrantes y prevé la posibilidad de sanciones para los países que rechacen aceptar su parte de solidaridad.
También pide crear vías legales de entrada para los refugiados y establecer un mecanismo «permanente» que permita actuar con más agilidad en crisis futuras. La idea de cuotas obligatorias es una de las cuestiones que más reservas ha levantado entre los gobiernos europeos.