El Parlamento Europeo ha rechazado este miércoles la propuesta de la Comisión Europea que permitía a los Estados miembro poder restringir o prohibir la utilización y la venta de organismos genéticamente modificados (OGM) en su territorio, aunque hayan sido autorizados a nivel europeo.
Así, los europarlamentarios han señalado que esta ley podría conllevar la reintroducción de controles fronterizos entre países a favor de los transgénicos y países en contra de los mismos. Además, apuntan que esta normativa podría ser «inviable».
«El voto de hoy da una clara señal a la Comisión Europea. Esta propuesta podría poner patas arriba lo que se ha conseguido con el mercado único y la unión aduanera», ha expresado el eurodiputado italiano Giovanni La Via (PPE), autor de la recomendación aprobada en sesión plenaria en Estrasburgo con 577 votos a favor, 75 en contra y 38 abstenciones.
Además, La Via ha enfatizado que «durante los últimos meses han sido expresadas preocupaciones serias ante la falta de un análisis de impacto» de la propuesta y de su compatibilidad con el mercado único. «No hay evaluación acerca de las consecuencias potenciales o de otras opciones disponibles», ha añadido.
La novedad introducida por Bruselas en abril es que una vez que hubiera autorizado un alimento o pienso en el conjunto de la UE, los Estados miembro podría «excluirse voluntariamente» del permiso específico de ese OGM en su cadena alimentaria. La propuesta seguía la línea marcada por la nueva norma sobre cultivos transgénicos que acordó la UE y que deja también en manos de los países limitar en su territorio una autorización a escala europea.
«Creo que esta propuesta podría tener consecuencias negativas para la agricultura, que es muy dependiente de los suplementos de proteínas de fuentes OGM. También podría tener efectos indirectos en las importaciones. Finalmente, hay dudas sobre si podría incluso ser implementada, porque en la UE no hay controles en las fronteras», ha concluido La Via.
El comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, avanzó que el Ejecutivo comunitario no va a retirar su propuesta, que será discutida ahora por los ministros de los Veintiocho. Si el Consejo también la rechaza, la iniciativa será suprimida.