Bruselas ha decidido conceder una 'tarjeta roja' a Reino Unido para poder bloquear las leyes comunitarias que no sean de su agrado. La propuesta de acuerdo para revisar los vínculos de Londres con el resto de la Unión Europea incluye este mecanismo de «alerta y salvaguarda» que entre otras asuntos permitiría al Gobierno británico limitar las prestaciones sociales a los trabajadores europeos durante sus primeros años en Reino Unido.
El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha publicado el borrador de acuerdo que ha redactado tras contactos con el primer ministro británico, David Cameron, pero no se trata de un acuerdo definitivo, ya que debe ser sometido aún a la opinión del resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
«Creo profundamente que nuestros intereses comunes son mucho más fuertes que lo que nos divide. Ser o no ser (por estar) unidos, esa es la cuestión que deben responder no sólo los británicos en un referéndum, sino también el resto de los 27 miembros de la UE en las próximas dos semanas», ha indicado Tusk, en una carta dirigida a los líderes de la UE.
La salvaguarda que permitiría excluir a inmigrantes europeos de parte de las ayudas sociales vinculadas al empleo en Reino Unido afectaría únicamente a los trabajadores llegados después del acuerdo y no a los que ya se encuentran allí, según han indicado fuentes europeas.
Tampoco exigirá un cambio del Tratado de la Unión Europea, añaden las fuentes, que aseguran que todas las propuestas del documento pueden ponerse en marcha «con el actual marco legal».
El texto no aclara durante cuánto tiempo se podría activar este «freno de emergencia» que Londres aspira a poder aplicar durante un periodo de cuatro años. Se trata de una de las cuestiones que quedan abiertas a las negociaciones a Veintiocho de los próximos días, que culminarán en la cumbre de líderes de la Unión Europea de los días 18 y 19 de febrero en donde se pretende cerrar el acuerdo.
El poder limitar las prestaciones sociales a los trabajadores europeos ha sido una de las principales exigencias de Cameron, que denuncia «abusos» del sistema por parte los inmigrantes comunitarios, pero también una de las medidas que más recelo ha despertado entre el resto de países, que consideran «inaceptable» alterar derechos fundamentales de la UE como la libertad de movimiento.
Sin embargo, no es la única cuestión «compleja» que deberán terminar de negociar en las próximas dos semanas, ya que también hay propuestas que afectan a la soberanía de los parlamentos nacionales, a la integridad europea y el euro y a la competitividad en el mercado único.
Sobre la cuestión monetaria, Tusk se muestra convencido en su carta de que es posible avanzar hacia una mayor integración en la zona euro, al tiempo que se protegen los derechos y la competencia de los Estados miembros que no comparten la moneda única.
Los cambios que se contemplan en la oferta de acuerdo, sin embargo, no contemplan en ningún caso dar el poder de «veto o de retrasar» ninguna decisión urgente para la Eurozona.