La propuesta de acuerdo para revisar los vínculos de Reino Unido con el resto de la Unión Europea incluye un mecanismo de «alerta y salvaguarda» que permitiría a Londres limitar las prestaciones sociales a los trabajadores europeos durante sus primeros años en el país, siempre que contara con el visto bueno previo de los Veintiocho.
El texto no aclara durante cuánto tiempo se podría activar el llamado «freno de emergencia», que Londres aspira a poder aplicar durante un periodo de al menos cuatro años y que se activaría sólo en «circunstancias excepcionales» que amenacen durante un periodo largo el sistema de bienestar británico.
Se trata, además, de un instrumento diseñado para dar respuesta a las preocupaciones de Reino Unido, pero no se limitará a este país, ya que una vez adoptado podría acogerse a él cualquier Estado miembro. En cualquier caso, cada vez que un Estado miembro quisiera activar el «freno de emergencia», sería necesario primero una propuesta de la Comisión y, segundo, la luz verde del Consejo.
El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha publicado a través de una red social su oferta de acuerdo pasado el mediodía y minutos después el primer ministro británico, David Cameron, ha aplaudido el «verdadero avance» logrado, aunque queden cuestiones «importantes» por resolver.
Ahora se abre un periodo de dos semanas para terminar de cerrar un acuerdo, que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE podrían refrendar en su cumbre de los días 18 y 19 de febrero. Un acuerdo satisfactorio es la condición de Cameron para defender la continuidad de Reino Unido en la UE, de cara al referéndum que se ha comprometido a celebrar antes de que acabe 2017.
«Creo profundamente que nuestra comunidad de intereses es mucho más fuerte que lo que nos divide. Ser o no ser (por estar) unidos, esa es la cuestión que deben responder no sólo los británicos en un referéndum, sino también el resto de los 27 miembros de la UE en las próximas dos semanas», ha indicado Tusk, en una carta dirigida a los líderes de la UE.
Solo afectaría a los llegados después del acuerdo
La salvaguarda que permitiría excluir a inmigrantes europeos de parte de las ayudas sociales vinculadas al empleo en Reino Unido, como créditos fiscales y apoyos para la vivienda, afectaría únicamente a los trabajadores llegados después del acuerdo y no a los que ya se encuentran allí, según han indicado fuentes europeas.
Además, no es la única concesión a Londres en la revisión del área de beneficios sociales a los trabajadores europeos, ya que contempla otros elementos como el de «ajustar» las ayudas por hijo que reciban, si los hijos viven en otro país, según han informado en Bruselas. Estos subsidios se «indexarán al nivel de vida» del país en el que residan los descendientes.
Las modificaciones no exigirán un cambio del Tratado de la Unión Europea, añaden las fuentes, que aseguran que todas las propuestas del documento pueden ponerse en marcha «con el actual marco legal», aunque cuestiones como este «freno de emergencia» exige cambios legislativos en los que trabajará la Comisión Europea.
Los límites en las prestaciones sociales a los inmigrantes europeos han sido una de las principales exigencias de Cameron –que denuncia «abusos» del sistema por parte de comunitarios–, pero también una de las medidas que más recelo han despertado entre el resto de países, que consideran «inaceptable» alterar derechos fundamentales de la UE como la libertad de movimiento.
Sin embargo, no es la única cuestión «compleja» que deberán terminar de negociar en las próximas dos semanas, ya que también se hay propuestas que afectan a la soberanía de los parlamentos nacionales, a la integridad europea y el euro y a la competitividad en el mercado único.
'Tarjeta roja' del Parlamento, pero sin veto a la Eurozona
En su carta a los Veintiocho, Tusk se muestra convencido de que es posible avanzar hacia una mayor integración de la zona euro, sin que por ello se perjudiquen los derechos y la competencia de los Estados miembros que no comparten la moneda única.
Los cambios que se contemplan en la oferta de acuerdo, sin embargo, no contemplan en ningún caso dar el poder de «veto o de retrasar» ninguna decisión urgente para la Eurozona, ha advertido.
En cuanto a la soberanía británica, otra de las reivindicaciones bandera de Cameron, el borrador firmado por Tusk plantea que una propuesta legislativa pueda ser bloqueada en las doce semanas siguientes a que la presente la Comisión Europea, siempre que la oposición a la medida sume al menos un 55 por ciento de los votos de los Parlamentos nacionales.
En la actualidad, Bruselas puede seguir adelante con una propuesta pese a las opiniones en contra de los parlamentos nacionales si explica su decisión de continuar. En la práctica, el cambio que se ofrece a Londres permitiría sacar una «tarjeta roja» y frenar la iniciativa si se logra un apoyo equivalente al 55 por ciento de los parlamentos nacionales, es decir, al menos 16 cámaras.
Entre los primeros países en reaccionar, República Checa ha indicado que ve con buenos ojos el conjunto del documento. El diseño de la cláusula de salvaguarda para los subsidios sociales «es aceptable», aunque será «crucial» el periodo de aplicación que se negocie, ha avisado el secretario de Estado para Asuntos Europeos checo, Tomas Prouza.