El PSOE acepta que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, firme el acuerdo al que quieren llegar los líderes europeos la semana próxima para intentar evitar la salida del Reino Unido de la UE, un escenario conocido en la jerga diplomática como 'Brexit'.
En declaraciones, el portavoz parlamentario del PSOE para los asuntos europeos, Ignacio Sánchez Amor, ha considerado que la oferta que la UE ha presentado al primer ministro británico, David Cameron, para que éste defienda en su país la permanencia del Reino Unido en la Unión no deja al PSOE, como partido europeísta que es, «ni feliz ni contento».
Pero los socialistas asumen que con esta propuesta se quiere evitar «un mal mayor», como sería el escenario de que Reino Unido decidiera abandonar la UE, afirma Sánchez Amor, que resume de esta manera la «posición de partida» de su partido en este tema, que se concretará en la comparecencia del jefe de la diplomacia española en funciones, José Manuel García-Margallo, el miércoles 17 en vísperas del Consejo Europeo de los días 18 y 19.
En una comida informal con los partidos con representación parlamentaria la semana pasada, el ministro les informó del estado de las negociaciones y del deseo del resto de países miembros de favorecer un acuerdo con Reino Unido en la cumbre de la próxima semana, una decisión para la que se requiere unanimidad. También les trasladó el poco margen que hay para la negociación con Londres.
Cameron ha prometido convocar un referéndum para que los británicos decidan si siguen en la UE o abandonan el 'club'. El 'premier' hará campaña a favor de permanecer en la UE si queda satisfecho con el nuevo marco de relaciones que pacte con sus socios comunitarios.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó la semana pasada a Londres su oferta, que inicialmente satisface a Cameron. El punto más conflictivo de las aspiraciones británicas tiene que ver con el deseo de Reino Unido de limitar los beneficios sociales a los europeos que emigren a ese país, considerada «inaceptable» por varios Estados miembros al inicio de las negociaciones.
Para salvar este escollo, Tusk ha ofrecido un «freno de emergencia» que permitiría a Londres esta salvaguarda en circunstancias «excepcionales» y con el permiso previo de los Veintiocho. Aunque queda por determinar por cuánto tiempo podrá limitar estas ayudas a los trabajadores comunitarios.
En la política española, hoy por hoy tan sólo Podemos se ha manifestado expresamente en contra de que el Gobierno dé su visto bueno a esa propuesta de acuerdo con el Reino Unido. El portavoz de Podemos en la Comisión de Exteriores del Congreso, Pablo Bustinduy, ha advertido que la propuesta de la UE para evitar el 'Brexit' sienta un «terrible precedente político y jurídico» de discriminación laboral entre trabajadores comunitarios dependiendo de su lugar de origen.
Por ese motivo, pero también porque el Gobierno está en funciones, Bustinduy ha pedido a Rajoy que «no favorezca la unanimidad» en el próximo Consejo Europeo y pida que se aplace la decisión.
Ciudadanos, que no ha explicado aún su posición al respecto, sí ha reclamado que en la Comisión de Exteriores de la semana próxima se vote una resolución dando un mandato claro al Gobierno sobre qué posición deberá defender en la cumbre europea, propuesta que de momento no ha fructificado.
En este punto, el PSOE defiende la necesidad de que el Gobierno acuda a las Cortes antes de la cumbre «por prudencia política» pero no han exigido que el Parlamento apruebe un mandato escrito para el Ejecutivo ante el Consejo Europeo.
Los partidos no han prestado demasiado atención hasta la fecha a las dudas que existen -recogidas en informes de los servicios jurídicos del Estado- sobre si un Gobierno en funciones está en condiciones de firmar una decisión tan atípica y de tal calado como ésta, pues implicará compromisos para el Ejecutivo que venga.
Y es que la Ley del Gobierno limita la gestión de un Ejecutivo en funciones «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».
No obstante, esos informes sugieren que esa restricción que impone la Ley del Gobierno se puede superar obteniendo de las Cortes un mandato abierto –que no ha de ponerse por escrito– de cara a la cumbre europea que deje cierto margen de negociación al Ejecutivo.
El acuerdo con el Reino Unido, si llega a cerrarse la semana próxima, se adoptará en forma de «decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE». Es decir, será un acuerdo internacional sui generis, pues no requerirá ratificación posterior por parte de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, estiman los servicios jurídicos del Consejo de la UE.