La Comisión Europea ha presentado este viernes una 'hoja de ruta' para restablecer «si la situación general lo permite» en diciembre de 2016 el espacio sin fronteras Schengen en Europa y «poner fin a las medidas de salvaguardias excepcionales que se han tomado» para frenar la llegada de refugiados e inmigrantes.
El comisario de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos, ha dejado claro que los controles internos reintroducidos por ocho Estados miembro son «acordes» con la normativa de Schengen «son excepcionales y temporales» y por ello el objetivo último de la 'hoja de ruta' presentada es superar las «acciones unilaterales» y «levantar todos los controles en las fronteras internas para finales de este año».
Ello requerirá «abordar las deficiencias serias» en las fronteras externas de la Unión y, para ello, el comisario ha instado a los Estados miembro a que inicien «la preparación necesaria» para garantizar que el cuerpo de fronteras y guardacostas europeo pueda estar operativo «para septiembre».
Bélgica ha sido el último país en sumarse a la reintroducción de los controles temporales internos en respuesta a la crisis de refugiados y, en concreto, al desmantelamiento del campamento en Calais, en Francia, mientras que Dinamarca ha confirmado este mismo jueves a la Comisión Europea su intención de prorrogarlos un mes más, hasta el 3 de abril.
Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Suecia y Noruega también han reintroducido los controles en las fronteras internas en respuesta a la crisis de refugiados, mientras que Francia los ha reintroducido desde el 14 de diciembre en el contexto del estado de emergencia tras los atentados terroristas del 13 de noviembre en Paris.
La base legal para estos controles en países como Alemania y Austria expirará en mayo, salvo que la UE active el artículo 26 del Código de Fronteras Schengen, que autorizaría a prorrogar los controles durante dos años en respuesta a serias deficiencias en el control de las fronteras externas, en este caso por Grecia, al que el resto de países, que ha dado un plazo de tres meses para tomar las medidas necesarias para controlar su frontera externa.
De cara a restablecer el correcto funcionamiento de Schengen, el Ejecutivo comunitario pide que el 12 de marzo, como muy tarde, Grecia presente su plan de acción para aplicar las recomendaciones que le ha exigido para atajar las graves deficiencias en el control de su frontera.
La Comisión presentará su evaluación sobre la adecuación del plan de Grecia el 12 de abril como muy tarde, teniendo en cuenta que una misión de expertos de la Comisión y los Estados miembro evaluará la situación en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas 'in situ' en Grecia entre el 11 y 17 de abril, según consta en la 'hoja de ruta' de Bruselas.
Ampliar controles si no se resuelven graves deficiencias en Grecia
Si Grecia no resuelve las graves deficiencias en el control de sus fronteras externas, la Comisión propondrá el 12 de mayo –fecha en la que, como muy tarde, Atenas deberá informar de la aplicación de las recomendaciones al concluir el plazo de los tres meses– una propuesta para activar el artículo 26 y los gobiernos europeos aprobarán el 13 de mayo una recomendación para garantizar «un enfoque coherente de la Unión respecto a los controles fronterizos internos temporales», según el plan presentado por el comisario de Inmigración e Interior, Dimitri Avramopoulos, en rueda de prensa este viernes.
Como pasos intermedios a fin de ayudar a Grecia y evitar el escenario peor de prolongar los controles internos, el Ejecutivo comunitario plantea en su hoja de ruta que los Gobiernos de la UE respondan, como muy tarde el 1 de abril, a la petición de la agencia Frontex para que envíen más personal y equipos para apoyar a Grecia a identificar y registrar a todos los inmigrantes y refugiados. La agencia hará su petición como muy tarde el 22 de marzo.
El cuerpo europeo de fronteras, operativo desde agosto
La Comisión pide en su 'hoja de ruta' que los Veintiocho y la Eurocámara lleguen a un acuerdo político como muy tarde en junio sobre su propuesta para crear un cuerpo de guardacostas y de fronteras europeo y que éste empiece a funcionar en agosto como muy tarde y que esté plenamente operativo como muy tarde en septiembre.
Bruselas también presentará el 16 de marzo una reforma de las normas de Dublín para garantizar «la solidaridad y el reparto de la carga entre Estados miembro» como otro paso para contribuir a restablecer el funcionamiento del espacio libre sin fronteras en Europa. Avramopoulos ha admitido que tienen intención de «cambiar» el principio actual, que contempla que sea el primer país al que llega un refugiado el que tramite su demanda de asilo.
La Comisión presentará su evaluación sobre la posibilidad de reanudar las devoluciones a Grecia en junio e informará desde marzo, de forma mensual, de sus progresos en las acciones identificadas para reanudar las transferencias en virtud de las normas de Dublín.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo paralizó en una sentencia en enero de 2011 las devoluciones de los demandantes de asilo a Grecia en virtud de las normas de Dublín a la luz de las serias deficiencias en el sistema de asilo griego por trato inhumano o degradante.
La Comisión también presentará su primer informe para evaluar los compromisos de los Estados miembros para reubicar a 160.000 refugiados de Grecia e Italia y otros 20.000 de los países que acogen a refugiados sirios en la región. Bruselas presentará un segundo informe el 16 de abril y un tercer informe el 16 de mayo.
Coste de reintroducir los controles
El Ejecutivo comunitario espera que con estos pasos se vuelva en diciembre al normal funcionamiento de Schengen, que ya, según sus cálculos, el total restablecimiento de los controles internos en el espacio libre sin fronteras tendría un coste inmediato directo de entre 5.000 y 18.000 millones de euros al año, entre el 0,05 y el 0,13 por ciento del Producto Interior Bruto.
El coste adicional anual de la reintroducción de los controles internos se elevaría a entre 1.700 y 7.500 millones de euros para el sector del transporte de carretera, que sería el más afectado, según cálculos del Ejecutivo comunitario, que cifra en más de 500 millones los costes adicionales anuales que pagarían empresas del sector en Polonia, Alemania y Países Bajos y más de 200 millones en el caso de las españolas y checas.
Los costes de desplazamiento adicionales para ir a trabajar –hay 1,7 millones de ciudadanos que cruzan la frontera para ir a trabajar en otro país de la UE– se elevarían a entre 1.300 y 5.200 millones de euros y se perderían al menos 13 millones de pernoctaciones diarias en la UE, que supondrían 1.200 millones de euros menos para turismo. La posible fragmentación de la política de visados podría acarrear un coste para la industria del turismo de entre 10.000 y 20.000 millones de euros.
El coste administrativo para los gobiernos de la UE para aumentar el personal para el control de fronteras se elevaría a entre 600.000 euros y 5.800 millones en costes administrativos, al margen de los varios miles de millones necesarios para infraestructura.