La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha rechazado este jueves el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que limita sus poderes, reclamando a la Organización de Estados Americanos (OEA) que medie en la crisis institucional.
El diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Omar Barboza ha recalcado durante la sesión que «la sentencia busca complacer los propósitos políticos de quienes quieren negar al pueblo venezolano el derecho a tener un Poder Legislativo en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales».
«Es desconocer la voluntad popular que eligió a las dos terceras partes para cumplir con el compromiso de cambio con el pueblo», ha criticado, después de que el TSJ aclarara que cualquier acto impulsado desde la Asamblea Nacional para revisar la designación –en este caso ‘in extremis’– de sus magistrados excede las facultades parlamentarias previstas en la Constitución.
El TSJ indicó que «la revisión y nueva ‘decisión’ sobre los procesos anteriores de selección y designación de magistrados, incluida la creación de una comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería evidentemente inconstitucional».
El alto tribunal explicó que la sede legislativa «no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados», en el que también intervienen el Poder Judicial y la ciudadanía.
El TSJ recordó que, de acuerdo con la Carta Magna, la Asamblea Nacional solo «participa en los procesos complejos e interinstitucionales de designación de magistrados para selección definitiva y para remoción». «Allí se centra su rol en el equilibrio entre poderes públicos para viabilizar la función del Estado», subrayó.
Por tanto, el Supremo declaró «la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y, por ende, de las actuaciones mediante las cuales creó las comisiones especiales designadas para evaluar tales nombramientos».
En respuesta, Barboza ha abogado por «denunciar ante la OEA la situación descrita y solicitar que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana», pidiendo al secretario general del organismo, Luis Almagro, que active el mecanismo al haberse violentado el orden constitucional, según ha informado el diario venezolano ‘El Universal’.
Por último, la AN ha recalcado en su acuerdo «exhortar al pueblo venezolano a que se mantenga alerta y activo de manera democrática y pacífica, para exigir el respeto a la soberanía popular expresada el pasado 6 de diciembre de 2015», en referencia a las elecciones legislativas.