El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la que fue su vicepresidenta, Roxana Baldetti, recibieron presuntamente 12 millones de dólares en sobornos de Juan José Suárez, director general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), una filial de la empresa con sede en Barcelona Grup Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB). Así lo ha denunciado la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, en el marco de una investigación que ha generado una gran polémica en el país.
Suárez, detenido desde el 15 de abril por su presunta implicación en el caso, acordó el pago de 25 millones de dólares para conseguir el contrato, aunque solo efectuó el pago de 12 millones. La fiscal acusa a Suárez y a otro español, Ángel Pérez Maura, de pertenecer a un «grupo criminal» liderado por Pérez Molina y Baldetti.
Pérez Maura, un «prófugo» para los medios de Guatemala, fue uno de los ejecutivos de las negociaciones. En estos momentos, se encuentra en busca y captura por la Interpol, después de que Guatemala lanzara una petición de arresto internacional por asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
Contrato millonario
En abril de 2012, TCQ firmó un contrato para la construcción y gestión durante 25 años de la ampliación de una terminal de contenedores del mayor puerto del país, el Puerto Quetzal. El acuerdo, firmado con la Empresa Portuaria Queztal, fue cerrado sin un concurso público previo, según citan medios de ese país.
La Fiscal General ha acusado al expresidente Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti de gestionar este contrato de “forma paralela” y de organizar un entramado del que formaban parte los dos españoles. Los dos exgobernantes están implicados en el «otorgamiento lesivo y anómalo del usufructo» de Puerto Quetzal, según recogen los medios guatemaltecos.
«Podemos afirmar que el expresidente utilizó su cargo con este negocio para obtener beneficios económicos directos y en detrimento del país«, según Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha dirigido la investigación. El CICIG, un organismo de la ONU que apoya los casos judiciales en ese país, y la Fiscalía anunciaron que continuarán las investigaciones con las pruebas y datos recabados en más de 20 registros.
Esta estructura operó desde 2012 hasta abril de 2015 y en ella participaron más de una decena de personas, entre ellas los dos españoles acusados en el caso. Nueve acusados ya han sido detenidos y la policía busca a otros cinco.
Además del pago de sobornos, en el contrato existen un gran número de irregularidades por las que se puede solicitar su nulidad, según abogados guatemaltecos citados por el diario de ese país 'La hora'. El problema legal fundamental del contrato estaría en que fue cerrado con la figura de «usufructo» cuando, en realidad, se trata de una «concesión».
En la actualidad, el 60% de las acciones de Grup TCB están en manos del gigante del sector Maersk, que ya ha comenzado a realizar movimientos legales, según explica ese mismo diario.
Un caso más de corrupción
Otto Pérez Molina dimitió el pasado 2 de septiembre acorralado por la presión popular por su supuesta implicación en otro escándalo de corrupción. Solo un día después fue arrestado por su vinculación con una red de fraude aduanero conocido como 'La Línea'. También Baldetti, la ‘número dos’ de su gobierno, fue acusada de este escándalo.
Es precisamente la investigación de 'La Línea' la que dio indicios a los investigadores de la existencia de un nuevo posible caso de corrupción, según explicó Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que apoya los casos judiciales en ese país.
El general retirado Pérez Molina, ahora salpicado en este nuevo caso de corrupción, será procesado la próxima semana por el caso de 'La Línea' ya que, según indica la Fiscalía, existen pruebas contundentes que ha presentado uno de los integrantes de la trama corrupta.