La Justicia noruega ha fallado parcialmente en favor de Anders Behring Breivik, responsable de la peor masacre en el país nórdico desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y ha confirmado que las autoridades han violado sus derechos. Breivik, que en 2011 mató a 77 personas en Oslo y en la isla de Utoya, denunció al Estado por considerar que estaba violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos al mantenerle aislado de otros presos. El condenado dijo ser víctima de un trato «inhumano».
Breivik, que en 2011 mató a 77 personas en Oslo y en la isla de Utoya, denunció al Estado por considerar que estaba violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos al mantenerle aislado de otros presos. El condenado dijo ser víctima de un trato «inhumano».
La sentencia considera que se ha incumplido el artículo 3 de dicho Convenio, según el cual «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». «La prohibición de un trato inhumano y degradante representa un valor fundamental en una sociedad democrática. Esto se aplica sin distinción, también en el trato de terroristas y asesinos», ha explicado la juez Helen Andenaes Sekulic.
En este sentido, ha resaltado el hecho de que está «completamente aislado del mundo y con muy poco contacto humano», ya que pasa en su celda entre 22 y 23 horas al día. Todo ello, ha añadido, «a pesar de que Breivik se ha comportado de una forma ejemplar durante su tiempo en prisión».
El fallo conocido este miércoles determina que el Estado no ha violado en ningún momento el derecho de Breivik a la privacidad y a la vida familiar, otro de los argumentos esgrimidos por el condenado. Sin embargo, sí que apunta que el cristal que separa todas sus visitas–en su amplia mayoría de profesionales– es «una medida de seguridad completamente exagerada«.
El abogado de Breivik, Oeystein Storrvik, ha pedido a las autoridades que revisen de forma inmediata la reclusión de su cliente y le permitan «tener contacto con otras personas». En representación de la parte contraria, Marius Emberland, ha reconocido su «sorpresa» por el veredicto, que también obliga al Estado a asumir 331.000 coronas en costas legales (35.800 euros).