El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, ha afirmado en el último informe anual de la institución que los Derechos Humanos, la democracia y la seguridad están amenazadas en todo el continente por el populismo.
«Europa está luchando actualmente con muchos problemas graves, como el terrorismo o la crisis migratoria, y esto está siendo explotado con éxito por los nacionalistas y populistas en muchos lugares, y la confianza en las instituciones nacionales y europeas está disminuyendo», ha asegurado Jagland.
Asimismo, el secretario general ha señalado que todavía en muchos estados existen leyes y prácticas que hacen que derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad se encuentren «cada vez más restringidos». En este sentido, ha subrayado que si no se defienden los principios democráticos y se respetan «plenamente» los Derechos Humanos, la situación empeorará.
El informe también indica que la independencia y la imparcialidad de los sistemas de justicia en Europa es un foco importante y destaca que la interferencia política, la corrupción y la no ejecución de las resoluciones judiciales son algunos de los temas de preocupación.
Por otra parte, Jagland observa una «peligrosa tendencia hacia el nacionalismo legislativo» con estados que inician leyes opuestas a las normas internacionales, sobre todo en relación con el trato a los migrantes y refugiados.
El informe también pone de manifiesto que casi la mitad de los 47 estados miembros del Consejo de Europa no garantizan la seguridad de los periodistas, y señala que la situación ha empeorado en el último año con un aumento a los ataques físicos y la destrucción de la propiedad. La libertad de expresión en Internet es otra de las áreas en la que el documento expresa su preocupación.
Finalmente, el Consejo presenta una serie de iniciativas propuestas para el Consejo de Europa, entre las que se encuentra un nuevo plan de acción sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial o un conjunto de normas comunes para los Estados miembros en el bloqueo y filtrado de sitios de Internet. Además, también hace recomendaciones relativas a la integración y la protección de los grupos vulnerables y los defensores de los Derechos Humanos.