El Gobierno de Venezuela ha ampliado a tres el número de días no laborables para los funcionarios de la administración pública con el objetivo de ahorrar energía, ante la grave crisis eléctrica por la que atraviesa el país sudamericano.
El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, ha informado de que los días miércoles y jueves serán no laborables para la administración pública, lo que amplía la medida anunciada a principios de mes por el presidente Nicolás Maduro, quien indicó que los funcionarios no trabajarían los viernes de abril y mayo.
Se trata de otra medida más para evitar el colapso operativo en la central hidroeléctrica Guri, tras la fuerte caída del nivel del embalse, según informa el diario venezolano 'El Universal'. Esta central provee el 63 por ciento de la energía eléctrica del país.
El funcionario también ha dicho que los centros educativos no abrirán sus puertas los viernes, para contribuir con las medidas restrictivas del servicio eléctrico. Las gobernaciones y alcaldías estarán incluidas en estas acciones.
Durante su programa 'Contacto con Maduro', el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que solicitará ayuda internacional para solventar la crisis eléctrica que atraviesa el país y que ha obligado a tomar medidas de racionamiento.
«Nosotros ya tenemos contacto con organismos científicos de las Naciones Unidas y vamos a pedir su ayuda técnica porque hay que hacer obras especiales de recuperación para los próximos meses y años, para que esta situación sea enfrentada, superada y estabilizada», ha señalado.
Maduro ha explicado que el país lleva «dos años de sequía extrema, de calor extremo» y ha asegurado que los planes especiales impulsados por su Ejecutivo para promover el uso racional del agua y de la energía eléctrica «han permitido frenar el descenso de los niveles del agua en el embalse del Guri».
Asimismo, pese al anuncio de la ampliación de los días no laborables para los funcionarios, Maduro -que se refiere a esta situación como una «verdadera emergencia ambiental»– ha indicado que en la administración pública central «todos los servicios fundamentales se tienen que seguir prestando».