El juez que prohibió al Ayuntamiento de Badalona abrir al público el 12 de octubre pasado considera que la decisión del consistorio vulneraba el derecho constitucional a la libertad ideológica, al colocar a los trabajadores municipales en la tesitura de tener que «significarse» políticamente.
En un auto, el titular del juzgado de lo contencioso número 14 de Barcelona ratifica la medida cautelar que adoptó el pasado martes, cuando prohibió abrir las puertas del consistorio, y descarta que la Delegación del Gobierno actuara de «mala fe» al acudir al juzgado el pasado 10 de octubre, dos días antes de la fiesta de la Hispanidad.
El juez descarta así dos de los principales argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento, que en la vista celebrada ayer invocó el derecho a la libertad ideológica consagrado en la Constitución y acusó a la Delegación del Gobierno de mala fe por impugnar, dos días antes del 12O, un acuerdo que el consistorio había aprobado el pasado mes de mayo.
En su auto, el magistrado evita cualquier alusión a la decisión del Ayuntamiento de Badalona de desoír su prohibición y abrir al público -con la única presencia de concejales del equipo de gobierno-, pese a que la ley lo faculta a remitir a la Fiscalía cualquier actuación que considere puede constituir delito.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Badalona ya está siendo investigado por posible desobediencia por un juzgado de la población, a raíz de la denuncia que presentó la agrupación local del PP el mismo 12O.