En 2016, Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura. La gran mayoría de los gobiernos involucrados han iniciado procesos contra varios implicados entre los que hay altos funcionarios y empresarios. En Ecuador, por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glas está preso por nexos con la constructora, mientras que en Perú hay tres expresidentes en la mira de la justicia por lo mismo.
Sin embargo, México y Venezuela son los dos países de la región que no ha acusado formalmente a nadie, aunque el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue señalado por antiguos directivos de Odebrecht como receptor de sobornos. Él negó las acusaciones.
El exfiscal peruano José Ugaz, exdirector de Transparencia Internacional, afirmaba hace meses que la carencia de procesos en México tenía que ver con la falta de independencia de la entonces Procuraduría General de la República.
“Vamos a incluir [en el procesamiento del caso] a todos los que legalmente podamos incluir”, agregó el fiscal.
La falta de resultados en este caso es sólo un ejemplo de lo que, según Gertz Manero, se encontró esta administración al llegar a la fiscalía: anarquía, corrupción, rezago “injustificado” de más de 300 mil investigaciones, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y una impunidad de 95 por ciento.
“El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5 por ciento del total de asuntos tramitados”, indicó en este sentido.
Entre las anomalías encontradas, el fiscal subrayó “asignaciones desproporcionadas e ilógicas” de, por ejemplo, mil casos a un solo investigador mientras otros detectives no tenían ninguno, la existencia de funcionarios que no se sabía qué hacían, el uso “irracional” e “impropio” de los efectivos de la fiscalía o compras injustificadas o infladas, como haber destinado más de 50 millones de dólares a la adquisición y mantenimiento de drones o haber comprado una aeronave cuatro millones de dólares más cara de lo que los técnicos decían que valía.
Sin embargo, no aclaró si altos funcionarios podrían ser procesados. “Estamos en proceso de investigación”, se limitó a afirmar tras asegurar que su departamento ya ha judicializado 400 denuncias por actos de corrupción de las 12 mil 700 presentadas desde el cambio de gobierno, el pasado 1 de diciembre.
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