Robert Alcalá, diputado a la Asamblea Nacional, denunció una presunta trata de venezolanos que son llevados a Trinidad y Tobago, delito en el que se encuentran implicadas autoridades de ambos países.
El primer naufragio registrado el 23 de abril llevaba 28 personas. El hecho encendió las alarmas para iniciar la investigación, debido a que algunos de los pasajeros anunciaron que irían a Trinidad y Tobago, pero ninguno de la tripulación llegó a su destino.
“Algunas de las jóvenes han entrado en el contrabando porque les ofrecen oportunidades de trabajo como camareras, promotoras y otros trabajos legales en la isla, pero luego se dan cuenta de que han sido secuestradas”, dijo Alcalá.
En algunos casos, las mujeres han dejado a sus hijos con hermanas y familiares mientras ellas tratan de migrar a Trinidad y Tobago para poder mejorar sus finanzas.
El parlamentario afirma que esta situación es consecuencia directa de la crisis, porque muchas de las mujeres buscan un mejor futuro en otras fronteras y caen en las redes del contrabando.
Enfatiza que las embarcaciones en las que son trasladadas no tienen las condiciones necesarias para cruzar el Mar Caribe, por lo que se hunden en el viaje. Para poder zarpar, los botes necesitan un permiso de las autoridades venezolanas, el cual es comprado a cambio de una tarifa de 400 dólares en efectivo por cada pasajero.
Alcalá asegura que las autoridades venezolanas no han hecho ningún anuncio referente a la trata de personas. Los fallecidos y sobrevivientes de los naufragios fueron encontrados por pescadores de Güiria y no por los cuerpos de seguridad.
Se cree que las personas que no han sido encontradas siguen con vida y en manos del crimen organizado.
Los familiares de los afectados han entregado dos denuncias por desaparición a la Fiscalía, pero no han recibido respuesta.
El diputado Alcalá afirma que mantiene conversaciones con Dennis Moses, ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, quien ha mostrado su preocupación y disposición para acabar con el contrabando de venezolanos hacia su país.
En las próximas semanas, el parlamentario viajará a la isla para continuar con la investigación, debido a que se presume que autoridades de Trinidad y Tobago pertenecen a la red de delitos.
La isla ha impuesto medidas a fin de impedir la entrada ilegal de venezolanos. Abrió un censo que comenzó el jueves 30 de mayo para otorgar un permiso de estadía por seis meses y que es prorrogable por otros seis meses más. Estará disponible hasta el 14 de junio. Según informó el periódico venezolano El Nacional.
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