Ambos ejecutivos cuentan con el apoyo de diversos organismos y agencias de las Naciones Unidas en la denominada Coalición de Impulsores Sociales y Políticos, cuyo objetivo es incrementar los compromisos voluntarios nacionales de lucha contra el cambio climático, según un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
Se trata de alimentar una «ambición necesaria» para poder cumplir con el Acuerdo de París y la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, al menos en tres áreas: mejoras en temas de salud y calidad del aire, impulso a planes nacionales para una transición justa y de empleo verde y desarrollo de políticas de género para garantizar la participación «plena» de las mujeres en el proceso.
En lo relativo a la calidad del aire, el comunicado recuerda que la quema de combustibles fósiles causa más de 7 millones de muertes anuales en todo el mundo, además de provocar daños a largo plazo en la salud «desde el asma hasta la alteración del desarrollo cerebral en los niños».
El cumplimiento del Acuerdo de París, con la puesta en marcha de medidas como el fomento de la movilidad eléctrica y sostenible entre otras, salvaría «más de un millón de vidas al año para 2050 sólo con la reducción de la contaminación atmosférica».
Respecto a la transición justa, la coalición insiste en la idea de que «no se puede dejar a nadie atrás» y aboga por el diseño de planes nacionales que creen «empleos verdes dignos» a través de mecanismos de diálogo social inclusivo y un desarrollo empresarial adaptado a un modelo bajo de carbono, entre otros detalles.
Los países integrantes de este proyecto reclaman la igualdad de género y el empoderamiento femenino como «parte fundamental» de las acciones contra el cambio climático.
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