Anunciaron también que en breve presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federal, contra el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que a decir de los defensores resolvió fuera de todo contexto jurídico, además de sus comentarios despectivos, de género y ofensivos hechos durante las audiencias.
Acusaron que el actuar del impartidor de justicia resulta contrario a la carta magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Calificaron su decisión de parcial y, en consecuencia ilícita, por parte del “juez” de Control y exigieron que se respeten los derechos humanos y constitucionales de la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso de la exfuncionaria de la pasada administración.
Los litigantes reiteraron su respeto a la independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, a quienes les ratificaron su voluntad de colaborar en las investigaciones relacionadas con Robles Berlanga y la denominada “Estafa Maestra”.
No obstante, los defensores de Robles Berlanga manifestaron también su confianza en el Poder Judicial de la Federación “y estamos convencidos de que en su seno se difiere del criterio aislado e ilegal del juez de Control”.
Por ello, informaron que ya trabajan en los recursos legales para que su representada pueda enfrentar su proceso en libertad y, en consecuencia, se respete su Presunción de Inocencia y Debido Proceso, tal y como lo señalan la Constitución, los Tratados Internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Ahora bien, es público y notorio que dicho juzgador al resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos políticos y personales”, subrayaron.
Advirtieron que no respetó los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales de manera categórica han sostenido que la prisión preventiva tiene que ser excepcional.
De lo contrario, agregaron, la imposición de la misma violenta la Presunción de Inocencia de un imputado que no ha recibido Sentencia Condenatoria por un tribunal competente, tal y como acontece con su defendida.
Además, la carta magna, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, imponen como obligación a los jueces mantener en prisión preventiva a las personas imputadas por alguno de los delitos que señala el artículo 19 Constitucional, es decir, los delitos de prisión preventiva oficiosa, entre los que no se encuentra el delito por el que se vinculó independientemente a proceso a Rosario Robles.
Afirmaron que su defendida y equipo de abogados se sienten ofendidos por la parcialidad con la que actuó el juez Delgadillo Padierna.
Por último, reiteraron que están convencidos de la inocencia de Rosario Robles Berlanga, lo que acreditarán mediante un proceso justo y ajustado a derecho.
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