El Acuerdo Político y la Declaración Constitucional sobre la Autoridad de Transición marca el comienzo de un nuevo consejo de gobierno, que incluye tanto a civiles como a generales, para allanar el camino hacia las elecciones y el gobierno civil.
En una multitudinaria ceremonia en Jartum, a orillas del Nilo, jefes de Estado, ministros y representantes de varios países y organizaciones internacionales estuvieron presentes en la firma del pacto, el cual establece los 39 meses de transición hacia un gobierno civil.
El documento fue suscrito por el vicepresidente del Consejo Militar Transitorio, el general Mohamed Dagalo, mejor conocido como “Hemedti”, y el representante de la alianza opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, Ahmad al-Rabie, de acuerdo con un despacho del portal Sudan Tribune.
Según el acuerdo, un consejo de transición soberano estará compuesto por cinco generales y cinco opositores más un civil de consenso que será el primer ministro de un gobierno encargado de guiar una etapa de transición hasta las elecciones, previstas para noviembre de 2022.
Las dos partes acordaron rotar la presidencia del consejo por poco más de tres años, y será la semana próxima cuando se nombrará un primer ministro nominado por civiles, mientras el anuncio del nuevo gobierno será el 28 de agosto.
Alcanzado gracias a la mediación de Etiopía y la Unión Africana (UA), este acuerdo fue recibido con alivio por ambas partes, pues los manifestantes celebraron la victoria de su «revolución» y los generales se atribuyeron el mérito de haber evitado una guerra civil.
Durante el período de transición, Sudán será gobernado por un gobierno tecnócrata encabezado por un primer ministro independiente y bajo el control de una Asamblea Legislativa de 300 miembros, donde la oposición de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio ostentará dos terceras partes de la cámara.
Este acuerdo puso fin a más de ocho meses de manifestaciones y enfrentamientos en Sudán, tras el derrocamiento de Omar al-Bashir, quien gobernó Sudán durante 30 años y es acusado de crímenes de guerra y corrupción.
Amnistía Internacional (AI) ha pedido a las actuales autoridades sudanesas entregar al exmandatario al Tribunal Penal Internacional (TPI) ya que, aunque su juicio que comienza el lunes próximo en el país es un «paso positivo», no basta para depurar responsabilidades por los «atroces crímenes» cometidos.
Al Bashir enfrenta dos órdenes de arresto del TPI por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por los presuntos abusos cometidos bajo su mando en la región de Darfur.
Sudán se encuentra sumido en una profunda crisis política desde que el ejército derrocó al presidente en abril pasado, en medio de protestas que dejaron decenas de muertos.
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