Después de hora y media de discusión y de argumentos en contra del dictamen por parte de los legisladores de Morena, señalaron irregularidades que se detectaron en el programa como estancias «fantasmas», que más de 80 por ciento de los niños y niñas no fueron localizados e instalaciones en mal estado.
Mientras la oposición -PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- señaló la injusticia para miles de madres trabajadoras y niños que fueron perjudicados, así como por el hecho de que se les violentaron sus derechos humanos al no contar con espacios seguros y capacitados para que sean cuidados en lo que trabajan sus madres.
El dictamen fue con relación al oficio del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, por el cual solicitó se llame a comparecer a cuatro funcionarios federales para que expliquen el motivo de la negativa a aceptar la recomendación 29/2019.
Los señalados fueron los titulares de las secretarías de Bienestar, María Luisa Albores; de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez; y de la Comisión de Mejora Regulatoria, César Emiliano Ochoa.
Al inicio del debate, el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una moción suspensiva para solicitar que el dictamen no se discutiera y se regresara a comisiones, con la intención de que se turnara al Senado y con calma se valorara el tema.
Refirió que nunca en México había pasado que no compareciera un funcionario público que rechazó la recomendación de la CNDH. “¿De verdad ese es el cambio histórico que quieren hacer? (…) Somos los primeros en rechazar que vaya y explique el gobierno por qué dijo que no a una recomendación de la CNDH, de verdad creo que hay que tener cordura y creo que hay que revalorar esa posición”.
Al presentar el dictamen la diputada Lizbeth Mata, del PAN, expuso que la negativa a este proceso los deja en una imposibilidad de conocer las razones por las que no han atendido las recomendaciones y conocer cómo enfrentan la decisión que ha tomado el Ejecutivo Federal de cancelar la operación de las estancias infantiles, reconocidas incluso por organismos internacionales.
“No citar a las comparecencias ya referidas dejaría un precedente grave para este Poder Legislativo, se le estaría cerrando la puerta a la CNDH de coadyuvar con la protección de los derechos humanos de los niños mexicanos», advirtió.
La diputada Dolores Padierna Luna, de Morena, criticó la presentación física del dictamen pues “ni siquiera se tomaron la molestia de escribirlo; sino que nos trajeron el mamotreto de la Comisión de Derechos Humanos y luego le pusieron su resolutivo”.
Aclaró que el Congreso de la Unión es autónomo y ni la CNDH ni nadie le dicta agenda, y recordó que en los acuerdos de la Permanente se estableció que cuando se solicitara la información si ésta se presenta y es suficiente no hay lugar a las comparecencias, y recordó que dicho programa no está cancelado.
En tribuna, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, dijo que el pueblo de México ya está harto de corrupción, impunidad y desvío de recursos, y eso fue lo que pasó con el Programa de Estancias Infantiles.
La diputada Dulce María Sauri, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que los legisladores tienen la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de control parlamentario y atender las recomendaciones de la CNDH, y afirmó que la postura que asuman los grupos tendrá repercusión en la transparencia y rendición de cuentas.
La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadana, se pronunció en favor de activar el mecanismo constitucional de defensa de los derechos humanos y porque se citará a comparecer a los funcionarios señalados, ya que se debe ser congruente con los principios de transparencia y rendición de cuentas implementadas por el titular del Ejecutivo Federal.
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