La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló este lunes que Nicolás Maduro tiene pendiente la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.
En la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet indicó que aunque el oficialismo confirmó su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos, su oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional.
Afirmó que solo en el pasado mes de julio la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de las FAES en Caracas.
“Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres”, señaló la alta comisionada en el informe.
Aseguró que su oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de la FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales.
“Por el contrario, la FAES ha recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”, se lee en el informe.
Bachelet pidió a las autoridades del país información más detallada sobre el tipo de violación de los derechos humanos que cometieron los 104 funcionarios policiales que fueron detenidos el año pasado en el país.
«Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas», agregó.
La diplomática añadió que le preocupa las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.
Dijo que de aprobarse esa ley, se reducirá aún más el espacio democrático en el país. Lamentó también los recientes ataques del gobierno de Maduro en contra de la autonomía universitaria.
«Mi oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas», señaló.
Detención de Afiuni y Jatar
María Lourdes Afiuni fue detenida el 17 de diciembre de 2009 por haber ordenado la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño. Estuvo tras las rejas hasta febrero de 2011 y desde entonces pasó a estar bajo régimen de arresto domiciliario.
El pasado 5 de julio, un día después de que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hiciera público un informe muy duro contra el régimen de Venezuela, Bachelet informó que Afiuni había sido excarcelada junto con otros 21 presos políticos.
El cese de las medidas cautelares debieron ejecutarse para los casos de la jueza Afiuni y del periodista venezolano-chileno Braulio Jatar, pues fue confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia por Twitter.
El Tribunal Segundo de Control de Nueva Esparta revisó la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de Jatar, quien fue detenido el 3 de septiembre de 2016 tras publicar un video en el que mostró el momento en el que Maduro fue increpado durante un recorrido por la comunidad de Villa Rosa, en la oriental isla de Margarita.
Luego de su detención, un tribunal imputó a Jatar por la presunta comisión, entre otros, del delito de legitimación de capitales.
Luego de su excarcelación, en un escrito que circuló en sus redes sociales, Jatar indicó que fue informado verbalmente sobre una medida de presentación ante un tribunal cada 15 días con prohibición de salida del país y del estado donde reside, algo que ya debería haber cesado.
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