En un auto del pasado 3 de octubre, la magistrada ha accedido a llevar la causa de la que hasta ahora se encargaba el juzgado de instrucción 41 de Madrid, uno de los que investigan a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante la época de Hugo Chávez.
Entre los investigados figuran dos exviceministros de Venezuela, uno de ellos el de Energía durante la época de Chávez, Nervis Villalobos, procesado a su vez junto a otros exdirectivos de Pdvsa en un juzgado de Andorra, donde se desviaron presuntamente decenas de millones de euros de la petrolera.
Además de Villalobos también está siendo investigado el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa.
Figuran asimismo Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma; Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de Pdvsa, y la mujer y uno de los hijos del magnate venezolano residente en EEUU Roberto Rincón.
En el auto, la jueza comparte la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que el caso lo debe llevar la Audiencia Nacional porque los hechos los cometió presuntamente una organización de delincuentes de carácter transnacional.
En concreto, la magistrada indica que esta organización «se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención de la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de Pdvsa) y la propia Pdvsa».
Ayudados por Rincón y por el empresario afincado en EE.UU. Abraham Jose Shiera Bastidas (ambos condenados allí tras declararse culpables), estos venezolanos residentes en España blanquearon supuestamente el dinero de la petrolera con la adquisición de bienes inmuebles.
Lo hicieron, dice la juez, mediante una estructura de empresas en la que figuran el Grupo Swissinvet, usado «para realizar actos de blanqueo» en España y otros países y «aflorar capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los máximos directivos» de Pdvsa.
Según fuentes jurídicas, lavaron el dinero con inversiones como los 115 inmuebles en Madrid y Marbella (Málaga) valorados en 60 millones de euros que están bloqueados por orden judicial.
El de Tardón no es el único juzgado de la Audiencia Nacional que investiga a ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano.
En la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas: una la lleva el juez Santiago Pedraz, que ha imputado al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por el desvío de 4,5 millones de euros de Pdvsa, y la otra el magistrado Ismael Moreno contra la empresa asturiana Duro Felguera por sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas, en la que también está imputado Villalobos.
Los investigadores hablan de que la red de Villalobos pudo haber lavado hasta 1.200 millones de dólares (1.075 millones de euros) en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la petrolera.
Paralelamente a estos procedimientos judiciales, las autoridades españolas han arrestado en los últimos meses a numerosos ciudadanos venezolanos por orden de su país o de Estados Unidos, que tiene causas abiertas contra ellos.
Sin embargo, las extradiciones a Venezuela se han visto frustradas por la Audiencia Nacional, que desconfía de la manera en que estas personas serán tratadas allí dada la inestabilidad del país.
Es el caso de la que fuera enfermera de Chávez y responsable del Tesoro de la nación, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido Adrián Velásquez, que ejerció de guardaespaldas del fallecido presidente, así como de un excontable de Pdvsa.
Venezuela les investiga por haber sustraído fondos públicos en la etapa de Chávez y otro juzgado de Madrid, el instrucción número 28, ha abierto una investigación contra Díaz Guillén y su marido para averiguar si compraron con dinero sustraído a las arcas venezolanas un piso de lujo ubicado muy cerca de la Audiencia Nacional.
EE.UU. también reclama a algunos venezolanos chavistas residentes en España, entre ellos Villalobos, que accedió a ser entregado.
También a Alvarado Ochoa (imputado asimismo en el caso Duro Felguera) y al exgeneral chavista Hugo Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela y cuya extradición también ha paralizado la Audiencia Nacional, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía.
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