La última vez que atendió a la prensa en la puerta de su casa ubicada en Miraflores, el expresidente Alan García repitió lo que sostenía cuando un nuevo hecho lo implicaba más –cada vez más– con Odebrecht. “Lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo. Les repetiré hasta mi muerte: otros se venden, yo no”, declaró. Al día siguiente, antes de que un fiscal del equipo especial Lava Jato y la policía lo detuvieran, el exmandatario se suicidó. El resto de la historia de ese 17 de abril es conocida.
Seis meses después, el testimonio de uno de los personajes más cercanos a García abre otro episodio. Luis Nava, el exsecretario general de la Presidencia, dio detalles al fiscal José Domingo Pérez sobre los cientos de miles de dólares que Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, le habría entregado al expresidente. Su declaración tuvo una serie de revelaciones sobre un tema que ha perseguido al exmandatario por años: las compras inmobiliarias con presunto dinero ilícito.
Bienes no declarados—
Antes de revelarse la declaración de Nava, se sabía que el expresidente tenía la propiedad en Miraflores, que le costó US$830 mil en el 2013. En el 2016, en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo registró ese bien.
Años atrás, García tuvo más propiedades a su nombre –no solo el departamento en París– que fueron vendidas. Tuvo una en Lurín que vendió en el 2008 a José Antonio Chang, quien fue primer ministro de su segundo gobierno, por US$130 mil. En el 2006, junto a su esposa Pilar Nores, vendió una oficina en San Isidro por US$170 mil. En el 2011, traspasó a Nores una casa en San Borja.
El martes, el fiscal Pérez dispuso a la fiscalía de extinción de dominio que proceda con el “aseguramiento” de las propiedades vinculadas a García. Según el testimonio de Nava, un terreno en Las Casuarinas, un embarcadero en el Club La Marina y una casa en la playa Los Cocos fueron “adquisiciones que realizó Alan García con el dinero entregado por Jorge Barata”. Para Pérez, fueron comprados con “dinero maculado”. Con una sentencia de extinción de dominio, el Estado puede incautarlas [ver nota vinculada].
La información sobre estos tres bienes ha sido nueva para la opinión pública y para la fiscalía. Es más, el embarcadero nunca fue registrado por García en sus declaraciones juradas. “Cómo va a considerar un bien a un espacito”, aseguró Roxanne Cheesman, quien fuera la pareja del expresidente, sobre el espacio en el muelle 1 del club. “Nunca tuvo ni alquiló un yatecito ni yatezote. Decía: ‘No sé por qué he comprado eso si nunca lo voy a usar’”, agregó en diálogo con El Comercio.
Sobre este espacio, inspeccionado por el equipo de Pérez el viernes, Cheesman dijo que recordaba que no costó más de US$20 mil. Fuentes fiscales precisaron a este Diario que un contrato como el que tuvo García con el club llegó a US$170 mil en el 2010. El martes, Pérez recibirá el contrato original y comprobará el precio. “¡Ni hablar! Ha sido al comienzo el proyecto, cuando era barro”, se defendió Cheesman. En mayo, el club le concedió la titularidad de este espacio a Nores.
—Conversión—
La hipótesis de la fiscalía apunta también a la compra del terreno de 1.757 metros cuadrados en Las Casuarinas. Según Nava, García lo adquirió por US$750 mil, de los cuales US$500 mil fueron “un pago oculto o clandestino”, y que desistió de solicitar un préstamo para su construcción porque estalló el escándalo de Alejandro Toledo y Ecoteva.
“El terreno no existe, no sé cómo van a incautar algo que no es de Alan. Desistió porque era imposible construir”, respondió Cheesman. Precisó que García pagó US$420 mil, pero que se lo devolvieron descontando una penalidad del 10%. El terreno fue vendido sucesivamente a dos parejas de esposos, lo que –de acuerdo con fuentes fiscales– eleva la sospecha de conversiones: compraron y devolvieron el terreno casi por el mismo precio.
En el caso de la propiedad en la playa Los Cocos, fue adquirida en el 2008 por Cheesman a US$120 mil. Para la fiscalía también habría conversión con este bien. “Alan no me dio un centavo para esa casa. Demostraré que es mentira”, afirmó Cheesman.
Erasmo Reyna, quien fue abogado de García, afirmó que este lunes tanto Cheesman como los hijos del expresidente informarán qué acciones tomarán. “La fiscal, en cuanto tenga la información debidamente documentada, lo archivará”, sostuvo.
—¿Cuándo se extingue la acción penal?—
El Decreto Legislativo 1373 establece la ley de extinción de dominio, que favorece al Estado para ser titular de los bienes que deriven de actividades ilícitas. Por ello, a pesar de que la acción penal se extingue tras la muerte de una persona, puede existir un proceso contra los bienes vinculados a esta –así no estén a su nombre– que habrían sido adquiridos con dinero ilícito, explicó a El Comercio Óscar Solórzano, especialista en recuperación de activos y director del Basel Institute on Governance en el Perú.
“Se dirige directamente contra el bien o contra la cuenta, no contra la persona. Le va a permitir al Estado recuperar los bienes a pesar de que el proceso penal esté caduco”, dijo.
Solórzano señaló que, al declararse en una sentencia que el bien proviene de un delito, pasa a propiedad del Estado. “Es decir, como en un proceso penal, son incautados y pasan al Programa Nacional de Bienes”, indicó.
Estrella Digital