Los ministros, que adoptaron esta decisión durante un Consejo en Bruselas, señalaron en un comunicado que responde a las «acciones persistentes que socavan la democracia, el estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos» en el país.
Entre las medidas prolongadas se incluye un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna. También la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes a 25 personas que ocupan cargos oficiales y son responsables de violaciones de los derechos humanos o de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
El Consejo de la UE aseguró que, con estas medidas, pretende «contribuir a promover la adopción consensuada de soluciones democráticas para garantizar la estabilidad política del país y permitir a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población».
Dijeron además que se trata de medidas «selectivas», «flexibles» y «reversibles», y se han concebido «de forma que no perjudiquen a la población venezolana». La Unión Europea ha impulsado un grupo de contacto internacional con el que busca ayudar a sentar las bases para la celebración de nuevas elecciones libres y justa en el país.
En paralelo, ha promovido junto a la ONU iniciativas para hacer frente a las penurias humanitarias de la población como la conferencia de solidaridad con los migrantes venezolanos, que el pasado 28 y 29 de octubre reunió otros 120 millones de euros en apoyo de esas personas y de las comunidades que los acogen en países latinoamericanos como Colombia, Ecuador o Perú.