«Ni una gota de sangre más en Bojayá» entonaron cantaoras de ese pueblo de la región Pacífica colombiana cuando entraron a la iglesia familiares de víctimas de la matanza del 2 de mayo de 2002 llevando en brazos las urnas de madera con los restos de sus seres queridos que permanecieron años en fosas comunes.
La iglesia de San Pablo Apóstol es la misma en la que aquel fatídico día cayó un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de los frentes 57 y 34 de las FARC durante un combate con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que les disputaban el control de un vasto territorio del selvático departamento del Chocó.
En la iglesia se habían refugiado más de 400 personas creyendo que era el lugar más seguro del pueblo, pero la explosión de la bomba convirtió el templo en una carnicería que dejó 74 muertos y decenas de heridos, según el registro oficial de entonces, pero otras fuentes elevan la cifra de fallecidos a 119.
El traslado a Bojayá de 98 féretros de madera, de color marrón para los adultos y blanco para los niños, cada uno con el nombre de la víctima en un papel pegado en la parte frontal, fue una operación compleja que comenzó en Medellín, donde fueron identificados en los últimos años y embarcados hoy en dos helicópteros de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Los aparatos aterrizaron a media mañana en la cercana localidad de Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia, donde fueron embarcados en canoas para un recorrido por el río Atrato hasta Bellavista antigua, donde fue instalada la administración local de Bojayá tras la matanza.
En el embarcadero que sirve de puerto a Bojayá, centenares de personas vestidas de blanco, con flores y pañuelos del mismo lugar, esperaban la llegada de los restos que luego fueron conducidos en un cortejo fúnebre hasta la iglesia.
Los funerales incluyen misas, vigilias y rituales con rezos y «alabaos» hasta el próximo domingo, día en que tendrá lugar un acto público en el que se harán anuncios relacionados con las garantías efectivas de no repetición que reclama la comunidad.
El sacerdote Jesús Albeiro, defensor de los derechos humanos y vinculado a Bojayá desde la época de la masacre declaró: «Con este acto del duelo, de darle cristiana sepultura a los cadáveres, no se cierra el capítulo de la masacre de Bojayá porque quedan otros temas pendientes como el de garantía de no repetición».