El gobierno de Chile tildó de irresponsable el duro informe publicado este jueves por Amnistía Internacional sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad durante la crisis social que vive el país desde hace más de un mes.
«El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes», dijo en una comparecencia pública la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren.
«La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos«, agregó la funcionaria.
La organización, con sede en Reino Unido, acusó al Ejército y a Carabineros de cometer ataques generalizados y hacer uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los manifestantes para desincentivar la protesta.
En un documento con las principales conclusiones luego de una misión de tres semanas en el país, AI aseguró que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no son hechos aislados o esporádicos.
La ONG afirmó que los incidentes responden a un patrón y muestran un grado de coordinación que conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel.
«El informe que hemos conocido hoy, lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos», apuntó Recabarren.
La subsecretaria aseguró que el gobierno prestó permanentemente, y desde el inicio, toda su colaboración a las organizaciones locales.
Dijo que el presidente Sebastián Piñera invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch a observar in situ la situación.
Protestas contra Piñera
El propio Piñera reconoció por primera vez el domingo que hubo abusos y uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad en algunos casos específicos y se comprometió a llevar a la justicia a los responsables.
La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos en actos de violencia y más de 2.300 heridos. De estos, cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La Fiscalía registró hasta la fecha alrededor de 1.100 denuncias de tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando estalló la crisis tras el aumento en la tarifa del Metro.
«No esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal», dijo a Efe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
La policía anunció el martes la suspensión temporal del uso de perdigones o balines para controlar las manifestaciones por dudas sobre la composición de las municiones y luego de que la Universidad de Chile asegurara que los proyectiles no son solo de goma, sino que también contienen plomo, lo que explicaría el alto número de heridos.
El Ejército, que estuvo en las calles durante los primeros ocho días de la crisis cuando se decretó el estado de emergencia y el toque de queda, se unió a las críticas al informe de AI y afirmó en un comunicado que sus actuaciones se ajustaron plenamente a las normas que regulan el uso de la fuerza.