Los magistrados deben decidir ahora si aceptan el caso y lo estudian en profundidad, o por lo contrario lo descartan, lo que de forma automática pondría la orden contra Trump otra vez en vigor.
El Alto Tribunal ha dado hasta el 5 de diciembre a los abogados de Trump para que presenten la documentación y es de esperar que después anuncien si aceptan o no el caso. En caso de hacerlo, su fallo definitivo llegaría a finales de junio.
El bloqueo anunciado este lunes llega días después de que Trump apelase tanto la orden vinculada al caso del Congreso, como otra para impedir la entrega de sus declaraciones de impuestos de los últimos ocho años a las autoridades de Nueva York.
Estos dos casos son los primeros relacionados con las finanzas de Trump que llegan al Supremo de Estados Unidos, y podrían resultar en una decisión de esa corte sobre hasta qué punto llega el principio de inmunidad del presidente frente a las investigaciones penales.
Trump confía en que la mayoría conservadora en la máxima instancia judicial, con dos de los nueve jueces nominados por él, le escude de tener que hacer públicos sus datos fiscales, por lo que los casos también prometen poner a prueba el principio de separación de poderes en Estados Unidos.
El litigio se remonta al pasado marzo, cuando los líderes demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara Baja solicitaron los registros financieros del presidente a Mazars USA, la firma de contabilidad que usan el mandatario y sus empresas.
La petición incluyó documentos desde 2011 a 2018 que el comité requiere para investigar las finanzas del presidente y sus posibles conflictos de interés.
En mayo, el juez federal Amit Mehta consideró que Trump “no puede bloquear” la citación judicial de ese comité de la Cámara de Representantes a Mazars, y en octubre, el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia coincidió en que la solicitud de los demócratas era “válida y aplicable”.
La decisión que tome el Supremo afectará de bien seguro a la balanza de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.
De hecho, uno de los abogados de Trump, William Consovoy, rogó al tribunal que acepte el caso, porque si no lo hace y el mandatario se ve obligado a entregar los registros, se sentará el precedente de que “cualquier comité podrá exigir cualquier tipo de información personal del presidente, si cualquier presidente de un comité va a tener esta autoridad sin límites, esta corte debería ser quien lo decida”, agregó.
Trump es el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publica cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo.
El mandatario rompió con esa tradición ya durante la campaña electoral de 2016, cuando se negó a publicar su última declaración de impuestos con el argumento de que estaba sujeta a una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).
La Fiscalía de Nueva York, por su parte, quiere obtener las declaraciones de impuestos de Trump para determinar si los pagos de dinero en secreto del entorno del ahora presidente a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 violaron la legislación de ese estado.