El parlamentario del estado de Uttar Pradesh (norte), miembro del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) hasta que fue expulsado cuando se conoció el caso, fue sentenciado a «prisión por el resto de su vida natural o biológica», indicó un tribunal de Nueva Delhi.
Según el Código Penal indio, esta es la máxima pena para servidores públicos que abusen de su posición para cometer una violación.
La sentencia además impuso una multa de 2.500.000 rupias (unos 35.129 dólares), una compensación a la víctima de 1.000.000 rupias (14.051 dólares), y una ayuda «ex gratia» a la madre de la joven de 2.500.000 rupias.
La violación fue cometida por Sengar en junio de 2017 en su residencia a donde acudió la joven a buscar trabajo, en el distrito de Unnao de Uttar Pradesh.
El caso acaparó la atención del país después de que se conociera que el parlamentario había presionado a la familia de la joven para que retirara la denuncia presentada a la policía.
El padre de la joven fue arrestado por un caso de porte ilegal de armas tras salir la violación a la luz y murió en custodia policial, supuestamente a causa de una paliza de simpatizantes de Sengar, que a pesar de la condena sigue siendo parlamentario.
El pasado mes de julio, la joven que acusó al político sufrió un accidente de tránsito en el que ella resultó herida y dos de sus familiares murieron. Inmediatamente, el caso recuperó la atención por las sospechas de la familia de que se estuviera tratando de atentar contra la vida de la joven.
Los casos de violación han centrado la atención del país asiático especialmente en las últimas semanas tras la brutal muerte de dos mujeres víctimas de violación.
Las leyes contra las agresiones sexuales se endurecieron en la India después de que una joven universitaria muriese tras ser violada y torturada por seis hombres en un autobús en 2012 en Nueva Delhi, en un caso que trascendió las fronteras y que marcó un antes y un después, aunque no evitó que estos delitos sigan repitiéndose.
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