Ha sido Manuel Sánchez de Nogués, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral (MOE UE), quien en una entrevista concedida este mismo viernes, para una conocida agencia de noticias, quien ha detallado los avances y las pautas de trabajo de los observadores europeos, que desde el pasado 30 de diciembre se encuentran desplegados por todo el territorio peruano para hacer seguimiento de las elecciones y valorar su desarrollo.
Como parte de este análisis, los observadores, procedentes de 24 países europeos, prestan particular atención «a los temas de participación de los grupos vulnerables» y revisan «el cumplimiento de las normativas respecto a la participación política de las mujeres», apuntó Sánchez de Nogués.
«Ahora, y cada vez más, se mira y se le da más importancia a la valoración de ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, particularmente aquellos con menos poder político y social», indicó el experto europeo.
Sánchez de Nogués apuntó que sólo se conocerá el primer informe preliminar del MOE UE sobre el proceso tras la celebración de los comicios, un documento en el que no «se entra a valorar si es bueno o malo lo sucedido, sino que se cuenta lo que hay».
«Contaremos lo que hemos visto, haremos nuestro análisis y daremos nuestras conclusiones, no sería correcto decir si fue bueno, malo o regular», señaló.
En ese sentido, el enviado europeo recordó que el proceso de observación electoral se hace para ver el cumplimiento de instrumentos políticos internacionales y regionales que Perú ha firmado, así como también si se cumple «la legislación electoral peruana, que es bastante extensa».
«Lo que nosotros queremos y deseamos es que las elecciones vayan de acuerdo a estos principios y también de acuerdo a las leyes del Perú», afirmó.
Los observadores de la UE, que fueron invitados por el gobierno de Perú y quienes ya acompañaron el desarrollo de otras elecciones en el país andino, están siguiendo todas las fases el proceso, desde la conformación del censo a la inscripción de candidatos, pasando por la votación en sí y hasta una fase postelectoral donde también se analizan los posibles recursos o disputas que puedan haber surgido.
«También vemos la campaña, la financiación, el tono y el contenido político que se teje, el hecho de que la población tenga la suficiente información para poder traer una elección consciente e informada», añadió Sánchez de Nogués.
De acuerdo a informes de elecciones pasadas, y sin entrar en detalles concretos, el jefe adjunto de los observadores señaló que en Perú «siempre fue correcto el desarrollo electoral» salvo «algún que otro problema puntual», que sin embargo nunca evitó «que se respetara la voluntad de los votantes y el resultado de una elección».
Sánchez de Nogués rehusó a valorar cómo está marchando el proceso de observación, ya que precisamente «hay mucha información y es muy pronto para hacer una análisis», si bien indicó que en la relación de los observadores con las autoridades nacionales y regionales, de la Junta Electoral, partidos y candidatos y otros interlocutores «no está habiendo nada que diga o desentone con la buena voluntad que se requiere».
Esa «buena voluntad» se está dando pese a que, tal y como indicó el pasado 30 de diciembre al anunciar el inicio de las labores del MOE UE el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, esta votación se hace «en una coyuntura política crítica para Perú».
La votación del 26 de enero será la primera en la historia de Perú en las que se elegirá únicamente a representantes para el Congreso y no al presidente del país de manera simultánea.
Cabe recordar que esta situación es fruto de la disolución constitucional del Congreso que realizó el 30 de septiembre pasado el presidente Martín Vizcarra, después de que el Poder Legislativo dominado por la oposición fujimorista, le negara en dos ocasiones la confianza a su gabinete de ministros.
Esta decisión de Vizcarra, que tras la disolución convocó inmediatamente nuevas elecciones al Congreso, generó un gran debate y polémica en el país hasta que el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la votación anunciada debía continuar.
Sin embargo, ese mismo tribunal aún debe dilucidar en las próximas semanas si la medida y los argumentos esgrimidos por el presidente se ajustan a la Constitución, un extremo que niegan los opositores fujimoristas y sus aliados.
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